El grupo Ciudadanos será el primero en solicitar formalmente en las Corts la reforma de la ley del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, la norma sobre la que se asienta la puesta en marcha de À Punt. La petición se va a producir curiosamente en el momento en el que la norma apenas ha cumplido año y medio y la nueva televisión ni ha comenzado a emitir.
El grupo que en las Corts lidera Mari Carmen Sánchez ha presentado a la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local una enmienda al proyecto de creación del Consejo del Audiovisual, cuyo plazo de presentación acaba precisamente hoy lunes.
Y una de las enmiendas propone modificar la disposición novena de la ley que permite la reapertura de los medios públicos. Esa disposición novena es la más polémica ya que afecta a los extrabajadores, cuya presencia masiva (de hasta el 92 % en las bolsas de contratación temporal frente al 8 % de nuevas incorporaciones) se ha situado en el centro de la polémica, lo que ha llevado a varias asociaciones profesionales de periodistas a presentar recursos contra las bolsas temporales.
Realmente, la ley aprobada en julio de 2016 no gusta a nadie pero Ciudadanos es el primero en plantear abiertamente un cambio. La formación centrista propone incluir en la ley que en la oposición definitiva para ocupar las plazas (ahora son temporales) los extrabajadores solo pueden tener una prima del 5% en la nota por el hecho de haber trabajado en la antigua RTVV, una rebaja ostensible ya que en las bolsas temporales la antigüedad ha permitido acumular hasta 27 puntos de ventaja respecto a profesionales que nunca pudieron trabajar en el antiguo ente.
El diputado Toni Subiela asegura que cuando se redactó la ley de À Punt, los legisladores no incluyeron ningún porcentaje porque entendían que iba a nacer un ente que sería nuevo, pero Cs ya ve con claridad que esto no será así por lo que cree necesario reformar la ley. «Para tener la misma plantilla que antes hubiera sido más razonable revertir el ERE y no empezar de cero para acabar con los mismos», dijo.
Podemos, el partido que impulsó su redacción, fue el primero en lanzar el «mea culpa» hace unas semanas en las Corts. «Hemos fallado si solo el 8 % son nuevos empleados», aseguró el síndic adjunto, César Jiménez. De los 653 empleados con que arrancarán los nuevos medios públicos, unos 580 proceden del ente que el PP cerró hace cuatro años. Una «vieja» plantilla para un proyecto que pretendía ser nuevo.
En privado, también cargos socialistas y de Compromís lamentan que los extrabajadores hayan copado de una forma tan masiva los puestos de trabajo de los nuevos medios de comunicación públicos, pero en público los dos partidos que gestionan la Generalitat aluden a la independencia del Consejo Rector y a la autonomía de los gestores de la corporación respecto a los partidos políticos.
El número dos del PSPV y síndic en las Corts, Manolo Mata, aseguró que se había cerrado la puerta a una generación de periodistas y otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca pudieron trabajar en el servicio público de radiodifusión.
Pero la propuesta de Cs es de calado. El apoyo de este grupo permitió sacar adelante la ley, pero fue en tiempos de Alexis Marí como síndic. De hecho, la síndica actual, Mari Carmen Sánchez, aseguró hace unos meses en una entrevista a Levante-EMV que si esa decisión tuviera que tomarla hoy sería muy diferente. Ahora, la propuesta de Cs pone en un brete a los partidos del Botànic que tendrán que decidir si apoyan la enmienda para reformar la ley o mantienen una norma que gusta a muy pocos.
La ley recoge que a causa de las necesidades de agilidad en la puesta en marcha se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y el que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo. Cs pretende incluir que en este caso se otorgue hasta un 20% de la puntuación total. Pero para la provisión definitiva, Ciudadanos propone que el haber trabajado suponga un máximo del 5 % de la puntuación total.
À Punt ya ha iniciado sus emisiones radiofónicas y en breve comenzarán los informativos. Pero la recuperación de las emisiones televisivas, que fue una de las grandes promesas del Botànic, no ha dejado de ser un auténtico problema para los gestores del Consell, que se escudan en que es un ente independiente.
Isabel Bonig, síndica del PP, mantiene, además, que existe «un incumplimiento flagrante» de lo acordado en la comisión entre Gobierno y Generalitat, en la que el Ejecutivo decidió no recurrir la ley de creación de À Punt, porque se pactó que había que garantizar el acceso a la función pública de acuerdo al mérito, capacidad y libre concurrencia.
