Si existe una cuestión que radiografía de forma nítida la política valenciana de los últimos años esa es la reforma del Estatut d'Autonomia que las Corts Valencianes aprobaron en marzo de 2011 para exigir unas inversiones del Estado adecuadas al peso poblacional.
Siete años después, la reforma sigue dando tumbos por el Congreso, donde lleva congelada desde los inicios de la actual legislatura, junio de 2016.
Ayer, la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, decidió dar por concluido el período de enmiendas después de 45 aplazamientos al desmarcarse Cs del PP en diferentes cuestiones de ámbito nacional, aunque fuentes parlamentarias apuntan que aún queda aproximadamente un año para que Congreso y Senado den luz verde.
Fuentes de Ciudadanos aseguran que ya no necesitan más prórroga de enmiendas. De hecho han registrado una, que hace referencia a la lealtad institucional en el marco de la Constitución. Ahora el Estatut pasará al debate en una comisión que preside el PP (Jesús Posada) y que también podría retrasarse. Ciudadanos dice que quiere celebrar ese debate aunque no cree en la filosofía de lo que las Corts reclamaron en 2011.
Además, el Estatut recoge que una vez aprobada la reforma tiene que celebrarse antes de seis meses un referéndum, aunque tampoco hay unanimidad sobre esta cuestión.
De hecho, entre los letrados de las Corts hay quien cree que no es necesario. Con todo, la única fecha aceptable para celebrar el posible referéndum sobre el Estatut sería la de las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019, a celebrar posiblemente el primero domingo de junio.
Una reforma a saltos
La reforma del Estatut de 2016 para exigir una inversión adecuada a la población se aprobó en las Corts en los tiempos en que los populares trataban de equipararse a una exigencia similar que catalanes y andaluces ya habían logrado incluir en sus estatutos y que los tribunales no habían tumbado porque tampoco obliga a nada al Gobierno.
Cuando se aprobó en las Corts aún presidía el Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero y Francisco Camps, la Generalitat. Pero a los pocos meses, la reforma dejó de interesar al PP porque el nuevo inquilino de La Moncloa ya era Mariano Rajoy.
Desde entonces, la petición de las Corts empezó a acumular aplazamientos por distintas causas pero siempre con el trasfondo de no incomodar a Rajoy. Se alegó el retraso en la elección de los ponentes e incluso los populares propusieron después otra reforma que incluía la rebaja del número de diputados valencianos para forzar nuevos aplazamientos con la lógica de que esta reforma tenía que unirse a la anterior. Eran los tiempos de Juan Cotino al frente de la Cámara valenciana.
Pero tras las elecciones autonómicas de 2015 y la llegada de la izquierda al poder, el nuevo presidente de las Corts, Enric Morera reactivó la reforma que se encontró con las dos elecciones generales consecutivas de diciembre de 2015 y junio de 2016 y también quedó arrinconada.
Tras tres visitas de los ponentes valencianos a Madrid, el Congreso aceptó tramitar la reforma con la abstención de Ciudadanos, lo que demuestra que no cree en esta reforma. Desde entonces, la modificación estaba bloqueada. PP y Cs firmaban todas las semanas un nuevo aplazamiento. Pero Ciudadanos se ha desmarcado del PP.
