«Hay una partida de 850.000 euros por obras ejecutadas por Vaersa con motivo de la visita del Papa, que están pendientes de pago (...) El problema, aparte del financiero, es que la Sindicatura y los auditores nos van a obligar a provisionar estas cantidades con el consiguiente agujero económico, pero además esta información pasa a ser pública y, según creo, es un tema que no apetece que sea muy público. ¿Con quién se podría hablar para cerrar este tema como Dios Manda?».
El correo del director de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos de residuos SA) entre 2007 y 2011, Felipe Espinosa, no deja lugar a dudas. Vaersa echó el resto en la visita papal, pero nadie se hacía cargo de las facturas por los múltiples trabajos realizados por la empresa pública en acondicionar el viejo cauce del Túria para albergar el altar donde Benedicto XVI oficiaría una misa pontificia.
El mensaje fue enviado por Espinosa el 15 de octubre de 2007 a la entonces secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Maria Ángeles Ureña. Y se encontró durante la investigación que la Fiscalía Anticorrupción dirigía contra Espinosa y su sucesor al frente de Vaersa, Enrique Simó, por prevaricación en el pago de sobresueldos y la contratación de 67 todoterrenos.
Espinosa admitió haber prevaricado y fue condenado a 18 años de inhabilitación. La causa contra Simó y Ureña (actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar) se sobreseyó.
Aunque el correo que trataba la escandalosa deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias con Vaersa fue el hilo del que empezó a tirar la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 15 y que desveló el absoluto descontrol en Vaersa sobre los trabajos realizados para la visita del papa.
En el mismo correo comprometedor, es el mismo Espinosa el que explica cuál era la situación un año después del evento. De los 850.000 euros pendientes de pago, «520.000 euros se han facturado a una Fundación encuentro de las familias (sic), que no han pagado, aunque hay un convenio firmado, y otros 330.000 euros de obras que ejecutó Vaersa y que no se han facturado a nadie».
Entre los cometidos encargados a Vaersa, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 5 de València tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, se encuentran trabajos como «mejoras de acceso de la A-3», suministro de jardineras, maceteros, vallas, alquiler y montaje de escaleras y andamios, instalación de cuadros eléctricos o toldos en el entorno del altar.
Finalmente, la deuda de 519.011,65 euros que Vaersa facturó a la fundación no se pudo saldar hasta marzo de 2014, cuando se pudo liquidar la entidad durante la presidencia de Alberto Fabra en la Generalitat. En aquel momento, ejercía de consejera delegada de Vaersa la consellera Isabel Bonig, que es quien suscribe el escrito que libera a la fundación para la visita del papa de pagar la deuda con la empresa pública.
«El pasado 5 de marzo de 2014 se adoptó el acuerdo por el que la Generalitat se subrogaba en la deuda que la Fundación V encuentro mundial de las familias, como deudora, mantiene con Vaersa», introducía la exconsellera. Y continuaba el texto: «Vaersa acepta la subrogación, libera de la obligación de pago a la Fundación y consiente su liquidación sin que tenga nada que oponer».
Desde el entorno de Bonig explicaron a Levante-EMV que la deuda la pagó la Generalitat a Vaersa «gracias a una modificación de crédito, en cumplimiento de un acuerdo del Consell».
La UDEF confirma que los actos de Camps se pagaban en negro
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel declararon ayer en el Juzgado Central de lo Penal que parte de los actos electorales del PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro.
Los investigadores, que han comparecido como testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal de los populares valencianos, han ratificado los informes que elaboraron y han explicado que los eventos que fueron contratados con la empresa de la trama Gürtel Orange Market fueron sufragados de forma ilegal. La red corrupta organizó los eventos y los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 para la formación política.
