La reforma de la Constitución es «una necesidad sentida y reclamada desde muchas opciones», además de una reivindicación lógica después de 40 años sin retoques de sustancia. Es lo que piensa el Consell del Botànic, según expone en los preliminares de su propuesta de nueva Carta Magna, la primera en plantearse de manera oficial, lo que dice mucho de la voluntad de llevar la delantera en el debate territorial.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó ayer el documento en el Palau, en compañía del redactor del texto (el constitucionalista Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia) y con varios miembros del ejecutivo a su lado: faltó por enfermedad la vicepresidenta, Mónica Oltra.
La presidenta del Jurídic Consultiu, Margarita Soler; el de la AVL, Ramon Ferrer, y los portavoces parlamentarios de PSPV, Compromís y Podemos dieron empaque institucional a la comparecencia.
La propuesta del Consell se resume en una idea: vuelco descentralizador. Cuando la recentralización prospera, el gobierno de Puig y Oltra da vigencia escrita a su planteamiento de que la solución a la crisis territorial pasa por una mayor descentralización.
No basta con una organización federal del poder, considera la Generalitat, sino que «debe haber un reconocimiento de la pluralidad nacional que se materialice en la aceptación y protección de los hechos diferenciales».
Bajando a lo concreto, propone que cualquier reforma constitucional debería ser aceptada por un mínimo de comunidades. Y también que estas puedan organizarse territorialmente como consideren. Significa «eliminar por tanto de la Constitución las referencias a las provincias y a las diputaciones y cabildos o consejos insulares».
Estas estructuras podrían ser suprimidas si la autonomía lo aprueba. El debate valenciano que subyace es el de cambiar las provincias por las comarcas, una pretensión que hasta ahora ha chocado con el Tribunal Constitucional.
La reforma del Senado como cámara territorial y la «constitucionalización» de la Conferencia de presidentes son otras medidas contempladas.
La reforma que el ejecutivo del Botànic supone asimismo la solución a la infrafinanciación valenciana, el eje central de esta legislatura. Es así porque la hipotética Carta Magna contemplaría garantizar la suficiencia de recursos para atender los servicios básicos. Esta es la clave de bóveda de la propuesta valenciana para un nuevo modelo de financiación.
El Consell pide incluso poder crear nuevos impuestos e insertar una disposición transitoria en la Constitución que certifique el derecho a una «compensación» de la deuda causada por el déficit de financiación. Debería completarse antes de cinco años.
Además de modelo territorial y financiación, los nuevos derechos son el tercer pilar de la propuesta de la Generalitat. Facilitar las consultas a la ciudadanía y regular la paridad en todos los órganos o los mecanismos de indulto son algunas de las medidas planteadas. También otorgar derechos políticos a partir de los 16 años y favorecer una mayor proporcionalidad del sistema electoral.
El enigma es el futuro de la propuesta, que Puig llevará bajo el brazo al Congreso de los Diputados.
