Aunque la Comunitat Valenciana, como el resto del Estado, es oficialmente acofensional, las autoridades de la «terreta» echaron el resto para recibir en València al sumo pontífice de la iglesia católica en julio de 2006.

«En la visita del papa no había límite para contratar, ni para adquirir material», admitió un extrabajador de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) en su declaración ante la policía, por la investigación judicial de los actos organizados por la visita de Benedicto XVI.

Los agentes ya habían detectado el descontrol en el gasto destinado a la visita papal, durante la investigación a dos exdirectores de Vaersa por prevaricación y malversación. Uno de estos dos exdirectivos, Felipe Espinosa (condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación) advertía en 2007, recién aterrizado en la empresa pública que Vaersa había gastado 850.000 euros en los preparativos de la visita pontificia, aunque sólo había facturado 519.000 a la Fundación V encuentro mundial de las familias (FVEMF). Esta última cantidad seguía sin cobrarse un año después del evento. Los otros 300.000 euros se perdieron en el limbo administrativo.

Las contrataciones necesarias para ejecutar los trabajos de la visita papal que correspondieron a Vaersa fueron igual de caóticas que el control del gasto. «Como era una obra de urgencia, no se solicitaban ofertas, ni se adjudicaban los trabajos conforme el procedimiento habitual en Vaersa: solicitar tres presupuestos, como mínimo, para contratar con el que mejor presupuesto ofrecía», según declaró el extrabajador, un técnico que ejercía de jefe de obra.

Las órdenes que recibió fueron «conseguir como fuera el material, sin miramientos a la hora de los costes que pudieran resultar», por lo que este trabajador «llamaba a las empresas que conocía o me sonaban que podían suministrar el material».

El testigo añadió a los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de València que «en cualquier obra normal de Vaersa, lo primero que me pasaban como encargado de la obra era el contrato, para que supiera a qué atenerme y qué servicios u obras exactas tenía que realizar, debiéndome ajustar al presupuesto y lo contratado. Todo lo contrario a lo ocurrido en la preparación de la visita del papa, donde no había límite para la contratación ni para adquirir material».

Para ejecutar todos estos trabajos, Vaersa suscribió dos convenios con la Fundación V encuentro mundial de las familias y abrió dos proyectos o cuentas donde supuestamente se controlaban todas las facturas. Aunque «el volumen de los servicios y obras realizadas por Vaersa, que podrían haber alcanzado el millón de euros, superó el presupuesto que estaba establecido en los contratos suscritos» con la fundación para la visita papal por lo que «se creó otro proyecto [en Vaersa] para incluir más facturas» imprevistas.

El trabajador, según declaró a los policías, tuvo la impresión de que «las facturas serían pagadas por quien fuera cuando llegara el momento» porque «lo único que se pretendía era que el acto saliera de manera excelente» y que «se había sobredimensionando en exceso la participación de personas, como si fuera la excusa para justificar los gastos».

El jefe directo y de quien recibía las órdenes este testigo era Enrique Simó, entonces jefe de departamento de infraestructuras agrarias y servicios de Vaersa, que posteriormente dirigió la empresa entre 2011 y 2014.