La consellera de Vivienda, María José Salvador, anunció ayer que la Generalitat solicitará al Gobierno central que convoque de nuevo una comisión bilateral para abordar una nueva negociación sobre la inconstitucionalidad de la Ley por la Función Social de la Vivienda, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que «avala la competencia autonómica» de Navarra en esta materia.
Una resolución del pasado lunes sobre la ley foral que regula el derecho a la vivienda en Navarra, declara inconstitucional y nula una disposición que determina la expropiación forzosa de las viviendas desahuciadas que, tras la celebración de subasta, sean adjudicadas a entidades financieras. No obstante, desestima el resto del recurso del Gobierno.
Por esto, la consellera entiende que el TC «enmienda la gran mayoría de los criterios que ha mantenido el Ejecutivo de Rajoy y abre un nuevo escenario donde se admite que las comunidades autónomas son competentes a la hora de regular el derecho a la vivienda e intervenir en medidas para movilizar los inmuebles de grandes tenedores que estén vacíos o cerrados al menos dos años».
Salvador defiende que, por tanto, «los ciudadanos valencianos no pueden esperar años hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España».
La Generalitat considera que la sentencia es «una oportunidad para el resto de comunidades autónomas» y, por ello, volverá a pedir que se abra una negociación para que el Ejecutivo central «reflexione y recapacite sobre esta sentencia y reconsidere su posición».
Desde la Generalitat consideran que el Ejecutivo de Rajoy actúa «como el perro del hortelano, que ni legisla ni deja legislar» y por eso le instan a retirar un recurso que «ha implicado automáticamente la suspensión de la vigencia de gran parte de los instrumentos previstos para resolver los problemas de los ciudadanos garantizando el acceso a una vivienda».
«Somos muchas las autonomías que, ante la inacción del Gobierno de España, hemos regulado a través de leyes un verdadero derecho de acceso a la vivienda para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos», reivindica Salvador.
Precisamente ayer se cumplió un año desde la entrada en vigor de la Ley por la Función Social de la Vivienda en la Comunitat Valenciana, que fue recurrida por el Gobierno en noviembre. «A pesar de la suspensión de gran parte de la ley», Salvador considera que el balance de la red InfoHabitatge es «muy positivo».
