El Gobierno valenciano tiene previsto aprobar en el pleno del Consell de hoy viernes su personación en la causa judicial que investiga los contratos realizados con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a València en julio de 2006.
Lo anunció ayer el presidente, Ximo Puig, en la sesión de control en las Corts en respuesta a una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri. Puig aseguró que los valencianos quieren conocer toda la verdad y que se depuren todas las responsabilidades jurídicas y políticas de lo ocurrido.
Puig lamentó el daño ocasionado a la reputación de la Comunitat Valenciana por este caso, que considera un «episodio lamentable», y añadió que el Consell intentará recuperar el dinero desviado de unos 22 millones de euros y mantendrá su política de dignificación de las instituciones.
«Continúa el rosario de expresiones de la peor cara del gobierno de la Generalitat de los últimos 20 años, los procesos judiciales, los propios acusados, las nuevas revelaciones, las viejas sospechas que se confirman», lamentó Puig
«Hacía negocio con la fe»
Por su parte, Ferri señaló que en 2006, año preelectoral, el PP solamente buscaba perpetuarse en el poder y la visita del pontífice no se vivió como un acto religioso, sino que se organizó como un gran evento en un episodio de megalomanía en el que lo que importaba no era el mensaje del Papa sino que el acto fuera lo más grande posible. «Una obsesión por la grandeza que llevó al altar más grande del mundo, la fila de urinarios más grande del mundo y desde el punto de vista católico, al peor pecado de todos, la vanidad, que acabó con la mordida más grande del mundo cobrada en la adjudicación de las pantallas», dijo para apostillar que los populares hicieron negocio con la fe.
