La empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) perdonó 350.000 euros gastados en los preparativos de la visita del papa y aceptó la subrogación de otros 519.011,65 euros (pago que asumió la Generalitat) el mismo año que despidió a 49 trabajadores.
Como ha informado Levante-EMV desde el pasado martes, la empresa pública se convirtió en los meses previos al 8 y 9 de julio de 2006 (fecha en que se celebró el V Encuentro mundial de las familias) en una especie de «chicos de los recados, porque nos encargaban todos los trabajos que no querían realizar las otras empresas», según ha declarado un jefe de obra de Vaersa, en la causa judicial que investiga la supuesta malversación cometida en la visita del papa.
La suma de todos estos encargos hizo que la empresa pública Vaersa se gastara, como mínimo, 850.000 euros en los preparativos de la visita pontificia. De esta cantidad, sólo 447.423,85 euros de gasto estaban amparados por los dos contratos suscritos entre el director de Vaersa en 2006, Juan Miguel Bellver Rives (que llegó a estar imputado en el caso Gürtel, aunque falleció en julio de 2016) y Javier Jiménez Forta, representante legal y coordinador de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.
Factura sin cobrar
Vaersa facturó a la citada entidad estos trabajos en dos facturas, con una cantidad superior a la prevista en los contratos: 519.011,65 euros. Un dinero que, según recoge el sumario que investiga la supuesta malversación, seguía sin cobrarse un año después del evento, como advirtió el director de Vaersa nombrado en 2007, Felipe Espinosa.
Los otros 330.000 euros se «perdieron» en el limbo administrativo y nunca más se supo de ellos. La deuda por 519.011,65 euros fue finalmente asumida por la Generalitat en marzo de 2014, para poder liquidar la fundación.
Apenas un mes antes, Vaersa tramitó un «procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo» que afectó a 98 trabajadores «que vieron reducidas sus condiciones salariales y horarios». Una decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo [al igual que el primer expediente de regulación de empleo (ERE) tramitado en 2012 por el que se despidió a 394 trabajadores].
Finalmente, en diciembre de 2014 se tramitó un segundo ERE, pactado con los sindicatos, en el que se logró una indemnización de 30 días por año trabajado.
