Ha sido el leit motiv de la gestión de Carmen Montón al frente de la Conselleria de Sanidad y el próximo día 1 de abril, en 27 días exactos, se hará realidad. El principio del fin del «modelo Alzira», el novedoso proyecto de colaboración público-privada que fue el emblema de la política sanitaria del Partido Popular y que dejó en manos de Ribera Salud la gestión sanitaria de toda una comarca a cambio de cobrar un canon anual por cada uno de los 250.000 vecinos, necesiten o no asistencia médica.
El modelo Alzira ha estado funcionando desde 1999 aunque tras unos primeros años de pérdidas, el Consell amplió tanto el canon como el ámbito que iban a gestionar. Alzira fue el germen desde el que esta simbiosis fue creciendo al calor de los gobiernos del Partido Popular. Después vinieron Torrevieja, Dénia, Vilanopó, Manises... y el salto a Madrid y al extranjero. Pero los contratos, como cualquier acuerdo comercial, tenían fecha de caducidad y una cláusula para prorrogarlo durante cinco años más que necesitaba del «acuerdo de las partes».
Con Montón al frente de la cartera este acuerdo se antojaba imposible. El sacar de la ecuación de la atención sanitaria el beneficio empresarial, tal como ha repetido varias veces la consellera, se convirtió en prioridad para el Pacte del Botànic y con 18 meses de antelación -y no 12 como decía el contrato- Sanidad avisó de que no tendrían otros cinco años más: debían dejar el departamento el 31 de marzo de 2018.
En la base de la decisión los principios rectores e ideológicos del Consell, algo insuficiente para la concesionaria que lleva defendiendo durante estos años tanto su buen hacer y su eficiencia como el éxito del modelo allende de las fronteras españolas. Ni siquiera con un informe favorable a la gestión diferida de la Sindicatura de Comptes, la conselleria ha dado un paso atrás.
La guerra abierta entre defensores y detractores estaba servida y se ha librado tanto en el interior del hospital, como en toda la comarca, a nivel comunicativo y en los tribunales que, por ahora, han rechazado parar con medidas cautelares el proceso aunque sí dieron más tiempo a la concesionaria, la UTE Ribera Salud II, para aportar la lista de documentación reclamada por la administración para poder hacer algo que nunca se ha hecho: devolver a la gestión pública todo un departamento de salud con sus instalaciones y sus trabajadores después de casi 20 años de dinámica privada.
La administración acuñó unas «normas de reversión» en las que planteaba qué debía hacer la empresa en el tiempo restante para que la reversión se hiciera sin problemas y, según han defendido, este proceso para desmantelar «el laboratorio de la privatización de la sanidad» se ha hecho «con previsión, transparencia y planificación», algo de lo que discrepa abiertamente la empresa y que tampoco ha contado con mucha publicidad.
De qué se ha hecho en estos meses poco se sabe más allá de la solución aportada para mantener en plantilla «de por vida» a los actuales trabajadores indefinidos y que la empresa debía comprometerse a dar información y a dejar preparado el terreno, por ejemplo, a nivel informático ya que desde el principio Alzira se ha definido por ser el primer hospital informatizado aunque con el desarrollo de sus propios sistemas.
A 27 días del fin de Alzira aún se desconoce quién asumirá la gerencia (el gabinete del comisionado se perfila como equipo sustituto con Carles Mayordomo como posible director médico) ni cómo se abordará el día D: la madrugada del próximo 1 de abril que, además, será Domingo de Resurrección.
Por lo pronto los trabajadores se han quedado sin permiso para esos días y aún se desconoce si estarán para esa fecha las personas de repuesto para los contratos eventuales que están próximos a acabarse o incluso el listado de los trabajadores que se subrogan. Según Sanidad, este trámite está «en su fase final».
Ante la falta de información «externa», Sanidad contrapone el trabajo «interno» con medio centenar de reuniones de la directora general de Alta Inspección, Isabel González, con los jefes de servicio del hospital o los encuentros en centros de salud de la comarca o las charlas realizadas en ayuntamientos. Y junto a los llamamientos a la calma, las promesas de mejora: misma cartera de servicios (aseguran que se crearán plazas para atender especialidades que hoy se cubren por contrato mercantil) y 7,8 millones de euros en dos años como inversión «de urgencia» para solventar problemas en la red de Atención Primaria y en el hospital.
Alzira fue la primera en entrar en un modelo de colaboración público-privada en sanidad del que ahora se quiere distanciar el Consell (también lo está haciendo con Eresa y Eresacanner en los contratos de las resonancias) y será la primera en salir. La Conselleria de Sanidad se la juega en este proceso de reversión sin precedentes que quieren que no sea el único: aunque difícil de acometer por las leyes mercantiles quieren que Dénia sea el siguiente escenario aunque el contrato acaba en 2024. Habrá que esperar.
