Cristina Narbona se aloja en un pequeño hotel del centro. No lejos de la Nau, la sede de la Universitat de València donde un grupo de falsos agricultores financiados por la Generalitat Valenciana arrojaba sal a su paso en 2004. El peor conjuro que existe en muchas culturas. La declaración de persona «non grata» nunca fue suficiente para quien osó cuestionar la viabilidad del trasvase del Ebro y elegir otras alternativas.
¿Recuerda como vivió aquellos momentos?
Sí, claro. Aquí me arrojaban bolsas de sal; en Murcia alguien quiso pegarme y me tiraron piedras. Siempre entendí que entraban en el sueldo. Tenía que dar la cara aunque me la partieran.
¿Esperaba una repuesta tan agresiva?
Las reacciones políticas tienen muchas veces que ver con intereses económicos potentes y, en este caso, los había. Eso no resulta sorprendente, aunque también pensaba que el hecho de que mantuviera la inversión pública que se había planteado para el trasvase, solo que materializada en otro tipo de actuaciones, facilitara una cierta complicidad con otro tipo de sectores económicos y, sobre todo, una capacidad de diálogo con los usuarios del agua y eso sin duda fue mas difícil de lo que al principio pensamos.
Y entonces llegó la sequía.
Sí, la peor hasta la actual. Cada viernes tenía que enfrentarme con mis compañeros de Castilla-La Mancha si decidíamos hacer las mínimas aportaciones a Alicante y a Murcia contempladas en el marco legal del trasvase. Lo que para muchos era insignificante para otros era demasiado.
¿Cómo ve ahora el papel de «sus» desaladoras?
Indudablemente me satisface pensar que al menos una parte de todo el programa AGUA pudo ponerse en marcha, con mucha lentitud, con muchas trabas, pero ahí está funcionando y ayudando a resolver los graves problemas que provoca la sequía.
¿Le ha felicitado alguien por ello?
No. Bueno, hace poco me dieron un premio regantes de Murcia.
Y en el PP, ¿alguien le ha dicho algo bonito?
No. Tampoco lo espero. Ni me preocupa. Lo fundamental, entonces y ahora, es plantear una política del agua acorde con el reto del Cambio Climático. Debemos trabajar todos para hacer frente a este problema que este país va a tener de una manera muy dramática en los próximos años.
¿Ha hecho autocrítica?
Las cosas siempre puedes hacerlas mejor. Yo intenté explicar las razones de determinadas decisiones pero todo sucedió a mucha velocidad y posiblemente no tuve el tiempo suficiente para que las explicaciones fueran entendidas al menos por quienes tenían voluntad de entenderlas. Otros no tenían ningún interés de hacerlo.
¿Como el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps?
Recuerdo la primera visita como ministra a València cuando el presidente Camps se encargó de amenazar a todos y cada uno de los colectivos con los que me iba a reunir. Tuve ocasión de reprochárselo cuando fui a verle al final del día. Le dije a la cara y delante de sus consejeros que su comportamiento era el de un fascista y tengo que reconocer que es de las cosas que más satisfacción me ha producido en el diálogo abierto con algún responsable político.
¿Cómo reaccionó?
Una respuesta fantástica: Me dijo que yo podía venir a València cada vez que quisiera. Le dije que que lo iba a hacer muchas veces, pero que no necesitaba su permiso. Fue una conversación que entonces no comenté pero que al cabo de los años no está de más recordar.
¿Recurrir siempre a la sequía pertinaz no esconde una mala gestión del agua ?
Tenemos que considerar que existe un contexto natural que se ve agravado por una mala gestión.
¿Cuál es la propuesta del PSOE?
Nosotros hemos elaborado un documento de bases que pasa por hacer una auditoría hidrológica en España que permita conocer el contenido real de lo que llamamos derechos concesionales: Quién tiene derecho; a cuánta agua; qué se hace con ese agua...y si ese agua existe. Y lo pedimos porque eso es en gran medida una realidad muy opaca en las Confederaciones Hidrográficas. Si queremos construir de verdad una gestión pública eficaz del agua debe estar basada en el conocimiento efectivo.
¿Cree que el PP volverá a usar en campaña los problemas del agua?
El Gobierno está anunciando un pacto nacional del agua mientras promete a todo el mundo que resolverá los déficits existentes. Estamos pendientes de que el Gobierno comunique a los grupos parlamentarios cuáles son las bases para ese acuerdo.
El PP ya ha dicho que no podrá hacer nada sin el PSOE...
Me sorprende. En esta legislatura hay 40 iniciativas nuestras sobre agua que están bloqueadas por el Gobierno con el apoyo de Ciudadanos. Decir que cualquier iniciativa, que el Pacto del Agua saldrá adelante solo si quiere o no el PSOE es un poco surrealista.
¿Es compatible la transición energética con un kilovatio que no grave a las empresas y a los colectivos más desfavorecidos?
Por supuesto. Es perfectamente viable una introducción masiva de las energías renovables en nuestro país, igual que se está produciendo en otros países de nuestro entorno donde, por cierto, tienen precios de la electricidad bastante más bajos.
Habrá que recuperar el tiempo perdido...
Ese es uno de los objetivos. En España hemos vivido un retroceso brutal en materia de energías renovables que se ha traducido en la pérdida de 80.000 puestos de trabajo desde 2011, en la ruina de muchísimas familias que confiaron en un determinado marco regulatorio y en los pleitos que los inversores de mayor capacidad económica sostienen en los tribunales internacionales de arbitraje. Y están ganando. Pese a este lastre creemos que en España se dan las condiciones para esa transición hacia las energías renovables.
¿Incluyendo el autoconsumo?
Sí. Es muy importante que España cambie la regulación del autoconsumo. No hay ningún país desarrollado que penalice a quienes producen directamente la energía que consumen. Por desgracia, la derogación del impuesto al sol es una de las normas que ha bloqueado Ciudadanos en el parlamento dando su apoyo al PP. A ver si ahora que han empezado, parece, a levantar el pistón, ayudan también a que cambie esa normativa.
¿Tienen algún papel las centrales nucleares en esa transición?
Hace tiempo que el Partido Socialista propuso que las centrales lleguen a los 40 años de funcionamiento siempre que cumplan con todas las exigencias de seguridad pero que no vayan más allá. Hoy tenemos capacidad para sustituir esa energía con un calendario gradual de cierre que venga acompañado de programas que llamamos de transición justa en los territorios donde la existencia de una central nuclear ha significado una serie de beneficios económicos o de generación de empleo.
Usted ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Existe una tutela real sobre las instalaciones nucleares?
Pues tengo que decir que de los cinco consejeros que estábamos, la única posición crítica, que dejé plasmada en una serie de votos particulares, fue la mía, porque entendí que en determinados momentos el Consejo no jugaba con toda su potencia la labor de de supervisión que le corresponde por nuestro marco legal y que se puede y se debe ser muchísimo más exigente con las empresas a la hora de garantizar la seguridad nuclear.
¿Debería preocuparnos?
Con carácter general, las empresas están haciendo las inversiones que tienen que hacer para garantizar esa seguridad, pero en el día a día muchas veces se producen situaciones..., pequeños fallos, que pueden ser más o menos sancionados, más o menos tolerados...
¿Qué espera de la ley de cambio climático que prepara el Gobierno?
De momento es un arcano. No conocemos ningún borrador. Pero espero que España no se quede atrás porque esta no es solo una cuestión de lucha contra el cambio climático: aquí hay una enorme oportunidad para la innovación, la creación de empleo y el liderazgo de España.
¿Qué representa el compromiso del PSOE con la transición ecológica de la economía?
Es un acuerdo que adoptamos en el 39º Congreso federal y que persigue incorporar en cada sector económico objetivos de reducción de la contaminación, de uso eficiente de los recursos, de menor huella ecológica, como elementos que garanticen un progreso más seguro, más duradero, más justo. Nuestra idea es incorporar la ecología como un factor que ayuda a garantizar a los ciudadanos ese progreso de una forma estable con un modelo productivo que deje de estar basado en actividades de poco valor añadido, con impacto en el medio y que, desgraciadamente, ha sido el modelo dominante en nuestro país.
