Uno de los principales problemas, sino el capital de la conselleria al abordar la reversión a la gestión pública del departamento de la Ribera, ha sido, sin duda, encontrar encaje legal a los más de 1.660 trabajadores con contrato laboral que dependen de Ribera Salud. La subrogación era la vía pero han sido 18 meses, desde que se anunció oficialmente que el contrato no seguiría, para encontrar la figura legal que contentara a los de dentro y no soliviantara al personal de la administración. Con la incertidumbre de si el paso a la conselleria iba a ofrecer suficientes garantías comenzaron las negociaciones.
Descartado el escenario de crear empresas públicas ex profeso ni de integrar directamente al personal como si ya hubiera pasado una oposición, la administración puso sobre la mesa en abril la idea de que siguieran siendo laborales contratados por la conselleria pero bajo la denominación de «indefinidos no fijos». El comité de empresa (integrado por CC OO, UGT, Simap, CSI·F, Satse y USAE), tras contratar los servicios de un gabinete externo contrapuso la figura del personal laboral «a extinguir», la que finalmente se ha adoptado y que regirá los contratos de los trabajadores de la Ribera desde el día 1. Esto supone que podrán, en principio, jubilarse en sus puestos. «Fíjate si consideramos que tenemos seguridad sobre nuestro futuro que fuimos nosotros quienes propusimos esa figura, nos jugábamos la comida», asegura Pedro Durán, de la sección sindical Simap en el comité de empresa.
«Nos hubiera gustado saber la hoja de ruta desde un principio para mayor tranquilidad», dicen desde UGT. Y es que la conselleria ha sido más que cauta en todo lo referente a la reversión. En el mes que resta, Sanidad aún tiene que publicar el decreto de subrogación para poner negro sobre blanco quién se queda y quién no. En esta última categoría están los más de 250 eventuales a los que en este mes se les acaba el contrato y «sobre los que hemos pedido información porque esperamos que esté resuelto todo para subsanar esos puestos», asegura Belén Doménech, representante de CC OO en el comité y su presidenta. Desde CSI·F, Enrique Martínez confía en que la administración complete el proceso cumpliendo una de sus promesas «que es una demanda histórica para nosotros, el aumento de plantilla». Desde Sanidad se ha hablado de cerca de 300 nuevos puestos creados que se cubrirán gracias a la bolsa de empleo que ya está en marcha.
En el horizonte, aún varios retos: «devolver los derechos hurtados al personal de la conselleria que aún quedamos aquí», apuntó la presidenta de la junta de personal, Àngels López (CC OO), y el trabajo de homologar a los «nuevos» trabajadores de la administración con los horarios y ratios de la sanidad pública. «Hacemos una media de 160 horas al año más que en la pública y tenemos mayor carga asistencial. Veremos cómo se hace porque queda mucho trabajo por delante», concluye Doménech.
