Varapalo judicial para casi 200 municipios pequeños (de menos de 5.000 habitantes) y la Diputación de València. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha tumbado el sistema que venía funcionando desde hace más de 30 años por el que estos pueblos contaban con el servicio de técnicos cualificados (arquitectos, ingenieros y trabajadores sociales) mediante los convenios que la corporación provincial firmaba con distintos colegios profesionales.
Estos operarios cobraban como autónomos, pero la Inspección de Trabajo empezó en 2016 a actuar contra esta práctica al entender que era una contratación encubierta de personal laboral. Ahora, el TSJ ha dado la razón al organismo estatal en su primera sentencia sobre este litigio.
El tribunal ha fallado ante el recurso del Ayuntamiento de Potries a una sentencia previa del juzgado de lo Social número 4 de València, que ya daba la daba razón a la Seguridad Social en este conflicto. El TSJ determina, tras analizar los argumentos de las dos partes, «la laboralidad de la relación mantenida entre los profesionales demandados [un arquitecto, un ingeniero y un técnico agrícola]» y el citado consistorio.
Por ello, desestima el recurso y confirma «en su integridad» la resolución del juzgado. Impone además las costas a Potries, incluyendo los honorarios del letrado de la parte contraria, que cifra en 500 euros.
Al margen del caso concreto, la sentencia sienta un precedente para los recursos interpuestos por otros municipios, que han contado en todo este proceso con el asesoramiento de la diputación. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al que está adscrita la Inspección de Trabajo, acumula 29 fallos favorables en los juzgados y ve ahora su posición ratificada por el TSJ valenciano.
Fuentes de la corporación provincial admiten que la mayoría de fallos judiciales les han sido contrarios, aunque no todos. No obstante, la institución que preside Jorge Rodríguez ha empezado a cambiar el procedimiento para dar servicio de técnicos especializados a los municipios pequeños.
El conflicto afecta a un total de 187 localidades de menos de 5.000 habitantes, como ya adelantó Levante-EMVun total de 187 localidades de menos de 5.000 habitantesLevante-EMV en mayo de 2016. En total, la Inspección reclamaba, además de la regularización de estos profesionales, unos 3 millones de euros por las cargas fiscales no pagadas entre 2012 y 2015 al contratarlos como autónomos y no por el régimen general, según cálculos de la diputación.
Estos técnicos dedican unas pocas horas a la semana a estos ayuntamientos y perciben entre 4.000 y 6.000 euros anuales de cada uno de aquellos con los que colaboran. Otro argumento aportado por la Diputación de València era que el sistema opera también en Castelló y Alicante.
Sin embargo, el TSJ considera que estos técnicos percibían una retribución fija al mes, que aunque fueran dos horas a la semana los servicios los prestaban en instalaciones municipales, que las vacaciones las tomaban cuando la actividad municipal era menor y que el desarrollo y organización de sus trabajos dependía del consistorio. Por tanto, concluye la existencia de una relación laboral.
En 2009 y 2010 ya hubo resoluciones judiciales sobre esta práctica, pero entonces los fallos fueron favorables a los municipios y a la diputación. El criterio, ocho años después, ha cambiado.
Servicios desde la diputación
La diputación ya ha empezado a asumir que los convenios que mantenía con 16 colegios profesionales para la contratación como externos de estos profesionales por los municipios no tienen futuro.
Fuentes de la corporación explicaron a este diario que este año ya se han habilitado ayudas a los municipios pequeños para que formalicen contratos laborales con técnicos cualificados. Esa es la primera fase, y urgente, de la solución al conflicto.
La siguiente pasa por la apertura a medio plazo, como informó Levante-EMV, de oficinas comarcales de la diputación, a través de las cuales se articulará en el futuro un servicio de arquitectos, ingenieros y otros profesionales especializados.
Con todo, las citadas fuentes aventuraron que el caso está abocado a una resolución del Tribunal Supremo que dicte doctrina. Al menos, los consistorios tienen el compromiso de la Tesorería de la Seguridad de no imponer multas, sino solo reclamar las cargas sociales y fiscales dejadas de abonar entre 2012 y 2015: cerca de tres millones, en total, según los cálculos de la diputación. La cantidad podría reducirse ya que los ayuntamientos se plantean reclamar también en su momento el IVA que pagaron al contratar a estos técnicos como autónomos externos.
