El encargado de las obras de modernización del regadío de la Acequia Real del Júcar a su paso por Guadassuar, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, se enfrenta a tres años y medio de cárcel por falsificar presuntamente la firma de un anciano, propietario de unos terrenos por donde estaba proyectada la ejecución en 2007. Las pruebas caligráficas realizadas por el grupo de Documentoscopia de la Policía Nacional determinaron que la firma estampada en el documento de autorización a la realización de las citadas obras en la parcela del afectado no se correspondía con la del octogenario y que había sido falsificada. Pero será la Audiencia Provincial de València la que concluya si los indicios que apuntan a la autoría del director de las obras son suficientes para condenarlo.
El acusado, juzgado esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia, niega por completo que falsificara la firma del propietario, aunque debido al tiempo transcurrido -más de diez años- desconoce quién pudo tener acceso al documento. Asimismo, en el padrón de la acequia no figuraba como dueño el anciano, y acudieron directamente a la cooperativa de Guadassuar, donde dejaron el formulario para ser cumplimentado. Cuando al cabo de los días pasaron a recogerlo, el documento estaba debidamente firmado, ratificó otro de los testigos citados por la defensa.
La víctima, dueño de la parcela y que perdió como consecuencia de esta acción todo derecho a percibir indemnización alguna por la ocupación y uso de su terreno, no pudo acudir al juicio debido a problemas de salud. Este siempre ha defendido que en ningún momento consintió expresamente la realización de la obras en su parcela ni firmó el citado documento.
De este aspecto no cabe discusión posible ya que el experto en documentoscopia de la Policía Nacional corroboró que en sus informes se concluye que la citada firma no es del dueño de los terrenos. Respecto a si la falsificación es obra del acusado, aprecia elementos gráficos de su «probable autoría, no en cantidad pero sí en calidad». Asimismo, en cuanto a las firmas analizadas de otras personas que pudieron tener acceso al documento, sí que quedaron totalmente descartadas.
La defensa del acusado se aferra a la conclusión de que los rasgos «no son técnicamente suficientes para determinar una común autoría» entre la firma indubitada del encargado de las obras y la que aparece en el documento en cuestión. Así, aportó una grafóloga para rebatir en la vista oral las periciales de ambos expertos.
Enfrentamiento pericial
La clave del juicio se vivió precisamente en este enfrentamiento dialéctico sobre los rasgos gráficos analizados por los peritos. Desde el ángulo convexo o cóncavo al escribir la letra «r», la inclinación de la escritura del acusado o incluso el espacio elegido para estampar la firma. «Hay que quitar la hojarasca, lo anecdótico y centrarse en los rasgos del inconsciente, y el espacio es uno de estos elementos que no se pueden controlar», explicó la grafóloga de la defensa, que indicó que la firma no era del acusado porque «no obedece a su hábito de escritura». No obstante, el experto de la policía aclaró que «hay un ánimo claro de engaño y falsedad, en el que el falsificador está deformando su propia escritura, por eso hay rasgos propios y otros no».
El ministerio fiscal solicita para el acusado, empleado público, una pena de tres años y medio de prisión por un delito de falsedad en documento oficial al considerar que fingió la firma del dueño de la parcela con el propósito de otorgar apariencia de veracidad y así ejecutar las obras de modernización del riego de la Acequia Real del Júcar. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la acusación particular llegaron a un acuerdo económico por la responsabilidad civil.
