Hace ahora dos años que la Associació de Juristes Valencians (AJV) impulsó una campaña entre instituciones, ayuntamientos y asociaciones para reivindicar la competencia valenciana para legislar en Derecho Civil, una cuestión que avala el Estatut reformado en 2006, pero que ha dejado sin efecto práctico el Tribunal Constitucional con sus sentencias a las leyes valencianas de régimen económico matrimonial, de relaciones familiares (custodia compartida) y de uniones de hecho.

La campaña ha sido realmente un éxito. Se han sumado 243 ayuntamientos que representan a más de cuatro millones de valencianos, el 85% de la población; la propia Generalitat, que ha incluido la demanda en su propuesta de reforma constitucional, sindicatos, universidades y una treintena de asociaciones que buscan poner el foco sobre el asunto en pleno debate de reforma constitucional.

? Iniciativa en las Corts

La pasada semana, la AJV y representantes de la sociedad civil llevaron a las Corts el texto que proponen para su inclusión en la reforma constitucional y que permitiría garantizar la plenitud del Estatut en materia de Derecho Civil, como en País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares o Galicia, que sí compilaron su derecho histórico antes de la Constitución de 1978, algo que los valencianos no hicieron. El texto llama a los partidos a asumir esa petición de reforma y a aprobarla antes del 25 d'Abril, fecha en que se conmemora la derrota de Almansa (1707) que supuso perder los fueros.

Lo que se reclama en definitiva es la inclusión del siguiente párrafo en la Constitución: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas asumida en sus propios Estatutos se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico conforme a los valores y principios constitucionales».

? «No vamos a rescatar momias»

«No se busca rescatar ninguna momia histórica sino la defensa de un derecho privado que sea moderno, útil, cercano y social», asegura el presidente de la AJV, José Ramón Chirivella, que destaca el reciente apoyo del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que defendió en su intervención en la comisión de reforma territorial del Congreso que se busquen las soluciones legislativas adecuadas para acabar con el agravio a los valencianos. Una modificación que, según la AVL, revitalizaría el Estatut que ha quedado en el limbo.

También la reforma constitucional es la alternativa propuesta por la Comisión de Codificación Civil valenciana. El profesor de Historia del Derecho, Javier Palao, es tajante: «No puede ser que a estas alturas continúen en vigor los decretos de Nueva Planta (1707); no puede ser que los gobiernos de media España puedan legislar en Derecho Civil, y los valencianos no y no puede ser que la Constitución reconozca y ampare unos derechos históricos y niegue y destruya a través del Tribunal Constitucional otros cuando un sencillo cambio constitucional lo solucionaría», asegura el experto.

?A favor pero con matices

De momento, en las Corts parece que la mayoría de partidos se sumará con entusiasmo. Compromís no tiene dudas y la posición del Partido Popular también es favorable. «El PP siempre ha estado con el Derecho Civil, que perdimos por azares históricos, pero la legitimidad siempre la hemos tenido», señala la diputada María José Ferrer San Segundo. Entre los socialistas valencianos, la posición final también será de apoyo, pero ello no quita que internamente se escuchen voces que creen que el derecho foral está superado.

?Dudas en Ciudadanos

Pero Ciudadanos no tiene clara su posición. El grupo, que suele comunicarse con Madrid antes de tomar una decisión en temas complicados, no ha tomado una decisión. Sin embargo, el diputado Emigdio Tormo recuerda que en el ADN de su partido está la uniformidad y que todos los ciudadanos españoles tengan la misma ley y la misma seguridad jurídica.

Podemos, por su parte, defiende una reforma constitucional de máximos, una verdadera modificación acorde al siglo XXI y a los nuevos derechos sociales y no una anclada en los derechos forales de determinados territorios, que en ocasiones sirven como arma de presión política, según la diputada Fabiola Meco, que considera que sería demasiado optimista pensar que se puede realizar una reforma de la Constitución para incluir una competencia valenciana.

El PP ya cultivó con pasión el derecho foral en tiempos de Francisco Camps, aunque todas las leyes acabaron rechazadas por el Constitucional. Aquellas normas también estuvieron rodeadas de polémica incluso entre un buen número de juristas que sostienen que el actual Código Civil español es mucho más avanzado y adaptado a las modernas realidades sociales que el derecho valenciano en caso de que se recuperara.

Siempre que las Corts han legislado sobre esta cuestión lo hemos empeorado, opinan fuentes socialistas, que añaden que queda muy bien pedirlo para no ser menos que otros territorios, pero defienden que los valencianos ya llevan 300 años regulados por un derecho moderno mientras las comunidades con derecho foral van a trompicones para adaptar el suyo. Son los pros y los contras de una reclamación anclada en los fueros pero que está de plena actualidad.