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Funcionarios

El Gobierno limita las plazas de funcionarios valencianos y les impide rebajar la jornada a 35 horas semanalas

El acuerdo de mejora salarial de Montoro restringe ventajas a las comunidades que no cumplen el déficit - La tasa de reposición se queda en el 75 %, pero sí se libera para los gobiernos sin problemas de financiación

El acuerdo alcanzado por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y los sindicatos mayoritarios para incrementar el salario del funcionariado hasta un máximo del 8,79 % hasta 2020 se dejará notar también en los bolsillos de los más de 125.000 empleados y empleadas públicas de la Generalitat, si bien no tanto otras ventajas recogidas en el documento. El titular de Hacienda ha incluido en el acuerdo algunas restricciones para gobiernos que, como el valenciano, no cumplen con las tres reglas de gasto, deuda y déficit; de tal forma que algunos beneficios no podrán, en principio, ser aplicados en el ámbito de la Generalitat.

En concreto, el Consell no tendrá margen para implantar la jornada de las 35 horas a la semana a su plantilla y tendrá más restricciones que las comunidades cumplidoras respecto a la contratación de nuevo personal. Se trata de una penalización que caerá como una bomba en el Gobierno valenciano, que sostiene que sus problemas con la deuda y el déficit vienen dados precisamente por un trato discriminatorio en el reparto de los recursos. La infrafinanciacióntrato discriminatorio en el reparto de los recursosinfrafinanciación, se argumenta, impide a la Generalitat cerrar sus cuentas con los objetivos de déficit que marca Madrid y le obliga a vivir enganchada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La etiqueta de comunidad incumplidora tiene, como se ha visto en este último acuerdo, consecuencias directas.

Jornada laboral según el déficit

Así, la jornada de 35 horas (la actual es de 37,5 horas) es una vieja reivindicación de los sindicatos a la que el Gobierno se oponía. En un intento de buscar respaldo para los presupuestos generales del Estado de 2018, Montoro ha decidido abrir la mano para que cada administración pública, previa negociación colectiva, pueda establecer su propio calendario laboral. Esto supone abrir la puerta a la jornada de las 35 horas, pero no en todas las administraciones. El acuerdo especifica que la autoplanificación de la jornada será así «siempre y cuando en el ejercicio anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto». No es el caso del Consell, que cierra 2017 con un déficit superior al permitido.

Al varapalo a las expectativas de la plantilla de la Generalitat, se une otro perjuicio, quizás de mayor calado, para el Ejecutivo que preside Ximo Puig: las ofertas de empleo público.

La propuesta de Montoro establece que las administraciones públicas que «en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto» tendrán una tasa de reposición del 100 % para todos los sectores, funciones y servicios.

Además, estas administraciones podrán incorporar un número de nuevos efectivos equivalente al 8 % del resultado de su tasa de reposición en aquellos sectores donde consideren sea necesario reforzar efectivos. Liberar la tasa de reposición y permitir nuevas contrataciones al margen de las jubilaciones es clave para administraciones como la valenciana con carencias en personal.

En la actualidad y desde hace ya muchos años, el Gobierno central estableció por cuestiones de sostenibilidad financiera la tasa de reposición del cien por cien solo en sectores prioritarios, tales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En el resto, la tasa estaba restringida al 50 %. La consecuencia es que el número de plazas que sale a oferta de empleo público es muy limitada. Sólo un acuerdo anterior sobre estabilización del empleo público ha permitido diseñar convocatorias más amplias pensadas para consolidar al personal interino, por lo que no se trata de nuevos puestos de trabajo. Además, la posibilidad de que la plantilla se rejuvenezca con personal de fuera es reducida porque las pruebas serán ventajosos para los temporales.

Pese al castigo, la Generalitat sí que podrá beneficiarse en cierto modo. Según el documento, la tasa de reposición seguirá siendo del 100 % en los sectores prioritarios, pero subirá al 75% en los no prioritarios. También tendrá un margen para incorporar nuevos efectivos, pero la tasa será del 5 %. Así, la oferta de empleo público de la Generalitat será en 2018 algo más amplia, y lo sería más de no estar entre las autonomías incumplidoras, como es el caso de Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Los ayuntamientos (cumplidores e inclumplidores) tendrán un margen adicional para contratar el 5 % si se ven obligados por ley a prestar más servicios públicos.

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