El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha empezado a decir adiós. A su manera, siempre con meandros, pero su comparecencia de ayer es su forma de admitir que no tiene escapatoria. El PP ha encontrado la clave de bóveda de la legislatura en el fraccionamiento de contratos, una práctica vieja que en ocasiones ha sido la puerta pequeña de entrada de la corrupción: un instrumento para nutrir a empresas amigas sin pasar por los concursos públicos, mediante la sucesión de contratos pequeños para una misma actividad. Otra cosa es extender la sospecha de que toda la contratación menor (menos de 18.000 euros para servicios y 50.000 para obras hasta el pasado viernes, ahora 15.000 y 40.000 euros, respectivamente) esconde un fraude. La diferencia entre la irregularidad -siempre censurable- y la corrupción está en la voluntad de beneficiar a alguien con un interés determinado. Que no solo sea por abreviar trámites, aunque esto también esté mal.
Además de Echávarri, la lista de los afectados por la plaga del fraccionamiento en esta legislatura empieza a ser larga: José Chulvi, Manuel Alcaraz, Vicent Marzà, Mónica Oltra, Xavier Rius o Manuel Illueca. El último, el concejal de Fiestas de València, Pere Fuset.
El fenómeno no es una novedad de la nueva política. Los informes de Sindicatura de Comptes subrayaban ya en los tiempos del PP (y después) la recurrencia al troceamiento de contratos. Por estos informes, la Policía entró en octubre de 2016 en el Ayuntamiento de Sagunt en busca de documentación de cuando era alcalde el actual diputado del PP Alfredo Castelló.
A Orange Market y las empresas satélite del grupo Correa también les tocó la pedrea en contratos menores de 12.000 euros adjudicados por cuatro «conselleries» y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de 1,8 millones. A este fraccionamiento masivo se une un presunto trato de favor a las empresas de Correa que sentará en el banquillo a 26 acusados: seis miembros de la trama Gürtel, tres ex consellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 17 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat.
Los cimientos del llamado Ritaleaks, archivado después, también estaban en la denuncia por troceamiento de gastos de viajes y manutención de Rita Barberá.
Resultados judiciales diversos
De momento, los resultados judiciales de este fenómeno sobre la nueva política son dispares. El director del Institut Valencià de Finances (IVF) salió ileso de la investigación sobre unas prácticas que heredó y a las que había intentado poner solución. El alcalde de Alicante, por contra, está a un paso de la amortización política. El resto de afectados (la gran mayoría de Compromís) están en un momento procesal diferente: en unos casos solo está la denuncia (del PP siempre, salvo la de Chulvi, que es de Ciudadanos) y en otros la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación tras la actuación del PP (Oltra, Marzà o Alcaraz).
El caso de Echávarri sentará, por tanto, cátedra dentro del universo del Botànic. Si el alcalde no se rebela contra la línea roja del PSPV, puesta en la apertura de juicio oral -es lo que ha manifestado a los dirigentes del partido-, cualquier otro alto cargo investigado deberá seguir el ejemplo si las diligencias que les afectan llegan a esa frontera. Dará igual si el tribunal que los juzgue después dictamina su inocencia.
El futuro político de los afectados (y los que puedan llegar) está en la Fiscalía y en los juzgados de instrucción. Su decisión de archivar o abrir juicio oral supone, al margen de futuras responsabilidades judiciales, la libertad o la condena política.
Ximo Puig, Oltra y las cúpulas de PSPV y Compromís se afanan en intentar hacer ver que estos casos están a años luz de la corrupción cuando el imperio popular. «Comparar a Echávarri con [Sonia] Castedo es un insulto», dijo ayer el portavoz socialista, Jorge Rodríguez. Y el propio jefe del Consell distinguió entre «prácticas no correctas», donde sitúa el comportamiento del alcalde alicantino, y corrupción. En esa equiparación, como es políticamente lógico, insiste el PP. Su estrategia es extender socialmente el estigma de la corrupción a los partidos del cambio. Entiende que también a ellos les tocó aguantar en su momento las denuncias de la oposición. A los del Botànic les parece que esta línea de actuación demuestra que los populares de Isabel Bonig están «a la desesperada» ante el retroceso que les auguran las encuestas. En todo caso, la erosión está hecha. La tentación social de asumir que la corrupción está extendida a diestra y siniestra está servida. El futuro dirá si los posibles daños a la democracia, tan sufrida ella, son reversibles.
