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El papel mojado de la Carta de Ciudad Educadora

Paterna frena ahora el centro de menores cuando hace cuatro meses se comprometió a ser un agente educativo

n En octubre de 2017, el pleno de Paterna aprobaba con el apoyo de los cinco grupos municipales, adherirse a la Carta de Ciudades Educadoras y su ingreso en la asociación internacional. Apenas cuatro meses después, el documento ha quedado en papel mojado con el rechazo de tres de esos grupos al centro de acogida de menores en la Canyada.

En líneas generales, la carta recoge el derecho a la ciudad educadora, con especial énfasis en la promoción de la diversidad, diálogo entre generaciones; la aplicación de los principios de justicia social, el civismo democrático y la calidad de vida de los ciudadanos; el compromiso de la ciudad con la preservación de una identidad propia y compleja, o el servicio integral de las personas en todas sus dimensiones desde el ámbito ciudadano.

El acuerdo plenario admitía que la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), supone «un paso importante para nuestro gobierno ya que significa un compromiso por hacer del gobierno local un agente educativo, al tiempo que pone en relación a nuestra ciudad con información, experiencias y redes de otras ciudades que abordan los mismos problemas».

Además, «ser ciudad educadora significa un compromiso claro en ejercitar la función educadora paralelamente a las tradicionales, con la mira puesta en la formación y desarrollo de todos sus ciudadanos y ciudadanas a lo largo de su vida». Por ello, sumarse a la AICE significa que el ayuntamiento «adquiere el compromiso de impulsar la función educadora, suscribiendo los valores que se incluyen en la carta, y utilizando los recursos posibles».

Ahora, el PSOE, con el apoyo del PP y Cs, ha aprobado suspender cautelarmente licencias asistenciales en suelo privado, frenando la instalación del centro de acogida de menores proyectado en un chalé de Montecañada. La iniciativa socialista contempla un estudio sobre los usos que contempla en PGOU, de 1990, y los vecinos voten por barrios qué aceptan y qué no.

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