«Vamos a seguir investigando los agujeros en la financiación [de Compromís], por más que usted diga. Como todos». Quizá fue un lapsus, pero la coletilla final del senador del PP Luis Aznar dio a entender el que pareció el objetivo real de la presencia ayer de Mónica Oltra en la comisión en la Cámara Alta que investiga la financiación de los partidos: hacer ver que las irregularidades en las cuentas afectan a todos los partidos. Es la impresión que quedó después del largo y tenso cruce de acusaciones con la vicepresidenta del Consell.

Así que esta se dedicó a intentar demostrar que no son lo mismo las «salvedades» que el Tribunal de Cuentas ha hecho a la contabilidad de Compromís que los casos de corrupción que el PP tiene en los juzgados y que son analizados en otra comisión en el Congreso, donde el PP, a diferencia del Senado, no tiene mayoría absoluta.

«Podrán querer generar confusión, pero Compromís se financia de manera honrada; no aparece en los papeles de Bárcenas M. Oltra. [...] En ningún caso se nos ha sancionado o reducido la subvención. Enseñamos más, ustedes enseñan el A y luego tienen el B, C y así hasta la Z», dijo Oltra.

«Ustedes ganan por goleada en los tribunales de instrucción. No le consiento que diga que Compromís se ha financiado ilegalmente. Ustedes presentaron ya querella con base al informe del Tribunal de Cuentas y se archivó dos veces: la fiscalía y el juzgado», señaló la líder de la coalición, que remachó que su contabilidad «en A puede tener salvedades; ustedes meten debajo de la alfombra la contabilidad en B y allí está la Audiencia Nacional».

Fue la respuesta final a la estrategia del senador leonés del PP, dirigida en una doble dirección: por un lado, exhibir que casi tres millones de euros de subvenciones públicas entre 2007 y 2014 del grupo parlamentario del que formaban parte Oltra y Mireia Mollà (la otra compareciente del día), después de la escisión del bloque de izquierdas que lideraba Glòria Marcos, no se habrían justificado al Tribunal de Cuentas como correspondería.

Y por otro, intentar hacer ver que cerca de 800.000 euros del gasto total de 1,2 millones de los gastos de Compromís en las elecciones de 2015 serían «financiación irregular» porque los habría pagado en 2016 desde la cuenta del partido después de recibir en ella las subvenciones electorales y no en la cuenta creada para las elecciones y que debe cerrarse, en teoría, a los 90 días de los comicios.

Sobre la primera acusación, Oltra explicó que las notificaciones no les llegaron porque el administrador del grupo era del sector de Marcos, que las cuentas están entregadas a la mesa de las Corts y que, en todo caso, ellos «no se repartían sobres como hacía el PP».

En cuanto a la segunda, alegó que, en vez de pedir créditos a los bancos, decidieron acordar con los proveedores que les pagarían conforme recibieran las subvenciones electorales. Por eso no cerraron la deuda hasta febrero de 2016 y que el Tribunal de Cuentas les indicó que no anularan la cuenta al existir una laguna legal en el caso de coaliciones. «No se lo cree ni usted», le espetó Aznar. Para el PP, Compromís se financió mediante estos empresarios y anunció que va a pedir la lista para cotejar si han obtenido beneficios después. Mollà aseguró después que ya la tienen.

Aznar anunció además que ya han pedido documentación a las Corts sobre los gastos de Compromís. Se verá si es un tiro en el pie, porque estos son los dineros «opacos» (3,3 millones anuales) que el presidente de la Cámara, Enric Morera (Compromís), quiere transparentar pero los grupos no se ponen de acuerdo. El PP, que ha admitido que en el pasado pagó costes de la defensa de acusados de corrupción, sería uno de los grandes afectados.

Algo así fue la sustancia de una singular comisión que solo defiende el PP y que se desarrolló ayer entre interrupciones continuas, referencias a las fallas e incluso al «inculpado» Pere Fuset y con el senador Mulet levantando iras en una bancada popular muy valenciana.