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Análisis (Segunda entrega)

Un viaje marcado por los excesos

La fundación decidió por su cuenta marginar al Ejecutivo de Zapatero y privar a RTVE de la señal oficial, dando todo el protagonismo a RTVV

Un viaje marcado por los excesos

La creación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para organizar el viaje sentó las bases de lo que se quería: que las autoridades políticas y religiosas valencianas capitalizaran aquella cita sin dar participación alguna a sujetos externos, incluido el Gobierno de España.

Una fundación con personas de confianza para evitar testigos

Con estas premisas y desde una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles se montó el 21 de enero de 2005 la Fundación Encuentro Mundial de las Familias 2006, encargada de organizar todos los aspectos del encuentro católico y de la visita del Papa de Roma. La fundación coincidía con las formas establecidas por el gobierno del PP de Camps que organizaba la administración de los presupuestos a través de empresas públicas y fundaciones para conseguir opacidad y evitar los controles de la intervención y el parlamento, impidiendo la transparencia.

La fundación era eclesiástica y, a la vez, civil. La coincidencia de intereses entre el presidente y el arzobispo les hizo constituirla en el Palau de la Generalitat, no en el arzobispado, como hubiera sido lógico, bajo el tándem presidencial de Camps y García-Gasco. La habían constituido como privada, a pesar de sostenerse con presupuestos públicos. Era vicepresidenta la alcaldesa de València, Rita Barberá; miembros fundadores el presidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner y el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también luego en el caso Gürtel. El peso de la coordinación general recayó en el obispo auxiliar Esteban Escudero, designado presidente ejecutivo.

En esa primera reunión fueron designados dos comisionados, ambos próximos al Opus Dei, para la organización del encuentro y la visita papal: Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, uno de los secretarios del arzobispo de València.

En la rueda de prensa, tras la sesión fundacional, Camps ya destacó la gran oportunidad para la «proyección puramente interior de nuestras propias familias»; y un enorme reconocimiento al partido gobernante, ya que, según Barberá, «supone una gran confianza en las instituciones valencianas». Y, como no podía ser menos, el arzobispo García-Gasco agradeció la «unión de todas las instituciones». Desde el inicio, se consagraba un maridaje preconstitucional que recordaba a la dictadura franquista, con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP y una notoria vinculación a la prelatura del Opus Dei. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura, incorporando al tan cercano a los populares Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.

Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, cuyo organigrama (al que ha tenido acceso Levante-EMV) mantuvieron -y aún mantienen- en secreto, ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y, a la vez, militantes del PP como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castelló de RTVV cuando Pedro García (otro implicado en la trama Gürtel) era director general; o Henar Molinero, persona de confianza de Camps y exdirectora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Asimismo se nombró a José Selva para ocuparse de las infraestructuras y logística; Luís Cervera, del voluntariado; Juan Pablo Mas, de arquitectura; Antonio Puig , de medios técnicos; Manuel Lacomba, de las acreditaciones; el católico radical Francisco Borrás, del alojamiento; el canónigo Jaime Sancho, de las celebraciones, o el concejal opusdeista Miguel Domínguez como responsable de Seguridad, Policía, Bomberos, Protección Civil y Sanidad. Todos ellos coordinados por el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, hombre fuerte de la fundación, auténtico protagonista que se cuidó de que su nombre no apareciera en organigramas, pero con una «participación esencial», según la magistratura (calificado por los mismo jueces de «factótum» y «elemento nuclear» de la trama). Por otro lado, se encargaron a los obispos auxiliares Enrique Benavent y Salvador Giménez las tareas de los congresos y la promoción pastoral, respectivamente.

Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias exclusivas del Gobierno del Estado Español en lo que respecta a la seguridad de un jefe de Estado, como, de hecho, lo es el Papa.

Por el contrario, se evitó deliberada y cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la Policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos de un viaje del soberano del Estado Vaticano. Pero, para el arzobispo García-Gasco, al Gobierno español había que excluirlo porque «ridiculiza, insulta e infunde miedo» a los católicos. El hecho es que la ausencia evitaba testigos de la administración de los recursos públicos. Para acentuar el conyugio del PP y la Iglesia de València, las sesiones de la pía fundación y sus ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.

«Un desbordamiento del Turia»

La visita de Benedicto XVI se caracterizó por el exceso. Se trataba de encajar en la política de eventos extraordinarios, propia de aquel Consell del PP, y con la posibilidad de obtener rendimientos políticos y económicos, con los consiguientes márgenes para oportunistas y espabilados. De hecho, Correa y sus acólitos se beneficiaron de contratos empleando para ello como empresa pantalla a Teconsa.

Los mismos medios católicos fundamentalistas calificaron la visita de Benedicto XVI como «un desbordamiento del Turia». Los cristianos progresistas («Assemblea de cristians valencians»), por el contrario, afirmaban que «no habrá silencio de Dios. Pero habrá marketing, liturgia, turismo? Todo se fundirá en un colosal atrezzo de desmesura».

El arzobispo García-Gasco y el presidente Camps, secundados por su fundación de «fuerzas vivas», fueron desgranando al estilo del mejor de los triunfalismos franquistas las cifras de la visita papal. El altar donde se ofició la misa papal medía 2.500 metros cuadrados, señalado por una cruz luminosa de 35 metros, con un microclima (que no funcionó) para salvar el calor del julio valenciano y cuidar al Papa a 18 grados y un coste de más de 600.000 euros (cifra que se ha demostrado falsa: se pagaron más de 1,5 millones). Se acondicionó un millón de metros cuadrados para la eucaristía final. En el hospital católico de la Casa de la Salud se reservó toda una planta por si la necesitara Su Santidad. En el palacio arzobispal se le construyó al papa Ratzinger un apartamento de 186 metros, cuyo coste nunca ha sido aclarado. También sigue enmarañada la faraónica construcción de «3.000 apartamentos para los obispos invitados en el Seminario de Montcada» ( El Mundo, 16/4/2006). Se gastaron 400.000 euros para banderolas y cuelga balcones; 80 kilómetros de vallas (lo que mide el canal de Suez), 50 pantallas gigantes, 100 torres de megafonía, 1.000 cámaras de seguridad, 3.000 fuentes, 7.000 urinarios, millares de mochilas (se pasaron años regalando las sobrantes), 500.000 panecillos para bocadillos, encargados al Gremi de Forners, anulados la antevíspera y contratados a la familia Cotino.

La Presidencia de la Generalitat barajaba unos gastos de 30 millones de euros, que algunos elevaban a 50, sin que nunca se haya desmentido. Las cuentas son muy difíciles de aclarar ya que se tuvo sumo cuidado en camuflarlas. Gastos tan desorbitados se distribuyeron entre las Corts Valencianes, la Presidencia, las diferentes consellerias y administraciones públicas, como ayuntamiento y diputaciones (la de València pasó meses regalando sillas a los ayuntamientos), fundaciones y empresas públicas, y permanecen todavía ocultos bajo distintos conceptos, como posibles adquisiciones de inmuebles. La consigna del presidente del PP y del gobierno valenciano era «que no falte ni un euro». Al viaje apostólico de Su Santidad se le concedía tanto interés para sus fines electorales y prioridades económicas del partido como a la Copa América o la Fórmula 1. Y, en efecto, lo mimaron, sin reparar en gastos ni dejar nada al azar.

Por eso, la visita del papa Ratzinger, además del triunfalismo eclesial y político, vino marcada por un control absoluto por parte de Francisco Camps, el Partido Popular y el Opus Dei, al servirlo en bandeja el propio arzobispo García-Gasco, que esperaba proporcionar a un Papa poco mediático su primer gran espectáculo y conseguir, así, su tan deseado capelo cardenalicio, como, de hecho, ocurrió. Este deseo coincidía con el del Opus y el Camino Neocatecumenal de mostrar su poder de convocatoria a un apocado Papa en su primer año de pontificado gris, a fin de consolidar su predominio en el Vaticano, con el interés del PP de utilizar financiera y electoralmente la visita y con el objetivo de la trama Gürtel de administrar opacos y cuantiosos presupuestos sin subastas, libres concurrencias y controles.

Acoso del Gobierno de la nación para evitar testigos

Desde el primer momento, se actuó para apartar de toda la organización al Gobierno de España y a sus representantes. Por ello, la teoría y la práctica fueron, no sólo la invisibilización sino el acoso al Gobierno socialista. Era clave para conseguir los fines del arzobispo y del presidente de la Generalitat. Desde la organización del Encuentro, formada mayoritariamente por militantes del PP y miembros del Opus Dei, se buscó deliberadamente la marginación del Ejecutivo que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Para conseguirlo, lanzaron toda clase de mensajes a fin de envolver al Gobierno en una agria polémica.

Una y otra vez, para justificar la desconsideración y la marginación de las autoridades socialistas, cargos episcopales y populares repitieron que el viaje era «estrictamente pastoral» obviando la vertiente institucional y queriendo olvidar la condición del Papa de «soberano pontífice», jefe de un Estado con el que España, además, tenía y tiene una relación privilegiada. Se intentó asumir competencias estrictamente estatales y se buscó la confrontación directa con la Moncloa para impedir la presencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero o de ministros socialistas. Altas fuentes de la Moncloa señalaron con estupefacción aquellos días: «La Generalitat Valenciana quiere actuar como si hubiese declarado la independencia del País Valenciano y el arzobispado como si no existieran los tratados con la Santa Sede y el Concordato». Se quería un protagonismo en exclusiva, evitar presencias ajenas a la estricta confianza, sin interventores y adjudicar los bienes y servicios directamente, sin pública concurrencia, de lo que salieron favorecidos algunos amigos.

Para conseguir este fin, en la primera reunión se decretó, según fuentes de la propia fundación, que la exclusividad de la televisión era prioritaria y vital. Por ello, el primer obús contra la Moncloa fue disparado, precisamente, el 23-F de 2006. El núcleo duro de la organización del Encuentro decidió por su cuenta otorgar a la cadena autonómica de televisión, RTVV, la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa. No aceptaron ni compartir la señal institucional. Fue una decisión inaudita e insólita. Evidentemente, se trataba de excluir totalmente a TVE, y con ella al Gobierno del Estado, de poder fiscalizar las imágenes y de atar todos los cabos para asegurar el protagonismo del president de la Generalitat y otros cargos del PP, así como garantizar que los contratos de obras y servicios iban donde tenían que ir.

La señal de la visita de un jefe de Estado corresponde a TVE, que, además, es la que posee la capacidad para ofrecerla al resto de España y la que tiene firmados los convenios internacionales adecuados para facilitar su difusión. Por otra parte, posee los medios y la experiencia para la retransmisión de grandes eventos como las anteriores visitas papales, los funerales de Juan Pablo II, las olimpiadas o las bodas reales. El arzobispo García-Gasco objetó que TVE no se había interesado, cuando la decisión se tomó en València en secreto y por sorpresa, y, después, para despistar, arremetió contra el Gobierno español, defendiendo él la capacidad del Consell para organizar una visita papal «pastoral» y, finalmente, acusó a TVE de ser el «altavoz en sus informativos de grupos que incitan a la violencia contra el Santo Padre».

A fin de arropar al arzobispo salieron los más destacados cargos del PP en tromba, acusando a TVE con insólitos argumentos como el de sólo emitir en castellano (ellos que mayoritariamente no utilizaban el valenciano) o de pecar al informar sobre la burbuja urbanística valenciana o de obcecación en marginar la Copa América.

Ante tantos y tan desorbitados ataques, TVE desistió de ayudar a divulgar el Encuentro y la visita papal. A quienes dudaban de la idoneidad de TVV para cubrir un evento tan enorme les dio la razón el canal autonómico, que quedó desbordado. Pero, tomó la decisión esperada y procurada: se le dio el operativo a los Correa y Bigotes que, a su vez, subcontrataron con empresas de la construcción como Teconsa y alguna productora, que, a su vez, ante la imposibilidad de hacer frente a tal despliegue, subcontrataron a otras firmas. Pero, se repartieron grandes e ilegales beneficios, según la investigación policial, que ahora ven de nuevo la luz en los sumarios y los tribunales.

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