La estrategia de la gota malaya o aquello más cercano de que «tota pedra fa paret». Son expresiones que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, utiliza con frecuencia, cargado de esperanza («el pesimismo es reaccionario» es otra frase, de Max Aub, a la que suele recurrir), para explicar su política con respecto al Gobierno central. Cuando se acercan los tres años del gobierno del cambio, la realidad es que los intentos del Consell por una mayor sensibilidad del Ejecutivo central hacia las reivindicaciones valencianas han topado con un muro.
No hay nueva financiación autonómica, ni una mejora de las inversiones a través de los Presupuestos del Estado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha realizado ni una visita institucional a la Generalitat desde que Puig y Mónica Oltra desalojaron a Alberto Fabra en 2015.
El jefe del Consell tampoco ha conseguido que el Senado le abra las puertas de la comisión general de las comunidades autónomas, que vegeta desde hace un año, mientras las costuras de la España de las autonomías estallan por el costado catalán. No hay expectativas tampoco de una nueva conferencia de presidentes autonómicos, después de la de enero de 2017, y nadie ha roto todavía el rodillo que el Ministerio de Hacienda aplica en el consejo de política fiscal y financiera, donde están las comunidades.
Así es la vida en la España de 2018, la posterior a la crisis catalana. Todos los intentos de la Generalitat por avanzar en la descentralización del Estado han fracasado o están bloqueados.
La realidad es tozuda, una verdad tan incontestable como que la política es algo más que hechos. Hay ríos subterráneos que acaban aflorando, aunque no siempre sucede. Si medimos solo en hechos los logros de la agenda del Consell en Madrid, el balance queda en rojo. No obstante, cualitativamente se han producido avances. El mensaje de la Generalitat se ha hecho un hueco en Madrid.
La pasada semana se podía comprobar, cuando el Instituto de Derecho Público invitaba a Puig a pronunciar la conferencia de clausura de su Foro de las Autonomías, en el mismo Senado donde el PSOE no acaba de ver claro el papel del presidente de la Generalitat, el socialista Puig. En esa tribuna estaba hace un año la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Es un reconocimiento al protagonismo adquirido por el Consell en el debate territorial y de la financiación autonómica. En especial después de ser el primer ejecutivo que plantea una propuesta de reforma de la Constitución. Y con un marcado sesgo descentralizador. A Puig le escriben periodistas de la corte con elogios a su convicción federalista. Reconocimiento y protagonismo son bonitas palabras, si bien no son hechos.
Estos no llegan, a pesar de la presión constante del Gobierno del Botànic, que cuenta con el respaldo además de la patronal, una amistad consolidada que chirría en algunos círculos, a derecha (el PP de Isabel Bonig) e izquierda (Podemos), y que ha ayudado a abrir puertas en la capital y a amplificar el ruido de la reivindicación valenciana.
Una cuestión institucional
La reforma de la financiación autonómica, la piedra angular de la legislatura, está bloqueada. No solo no existe una propuesta del Gobierno de Rajoy y Cristóbal Montoro, pese al compromiso de que el documento iba a estar en 2017; no hay tampoco seguridad de que las autonomías vayan a ser tenidas en cuenta formalmente en la negociación, cuando llegue, si llega, de un nuevo modelo.
Existe el riesgo de zanjar el asunto con un acuerdo en Madrid entre los grandes partidos, ya que líderes territoriales de PP y PSOE manifiestan posturas internas diferentes. Prevalecería el argumento de abreviar trámites y salvar escollos, pero sería un nuevo golpe al armazón, débil de nacimiento, del Estado autonómico (los territorios no están ni citados en la Carta Magna). Sería una victoria más del fin sobre los medios y un paso atrás en la descentralización que -en eso sí coinciden- defienden Puig y el gallego Alberto Núñez Feijóo.
Después de 45 aplazamientos, la reforma del Estatut de Autonomía, varada en la orilla del Congreso de los Diputados desde 2011, acaba de ser desbloqueada hace tres semanas. Su fin es garantizar unas inversiones del Estado en la C. Valenciana proporcionales a su peso poblacional (representa casi el 11 % del total de España y en los últimos presupuestos las inversiones equivalían a menos del 7 %, el nivel más bajo en España por habitante).
El desbloqueo no viene tanto por convicción como por pura estrategia parlamentaria de Ciudadanos en el contexto actual. Ni los naranjas ni el PP de Madrid manifiestan fervor por el proyecto valenciano, heredado de los tiempos de Camps, así que está por ver el futuro de la reforma, si Rajoy no finiquita antes la legislatura.
Con los hechos sobre la mesa, el proyecto regeneracionista de España que plantea el Consell a través de reformas federales discurre por una vía diferente al plan conservador del Gobierno de Rajoy, que pasa por tocar las cosas lo menos posible, aunque los cimientos del Estado crujan.
La distancia entre uno y otro modelo es la que hay entre tirar algunas paredes para sanear el edificio institucional y dejar los tabiques tal como están, no vaya a caer alguna viga maestra.
Es también la diferencia entre el vecino al que urgen remiendos para que quepa la familia y el que se siente a gusto con lo que hay, aunque se vean ya los desconchados en la pared.
