España no es ni el primer ni el último país que ve en riesgo su sistema de pensiones. Otros muchos estados ya sufrieron esta situación en el pasado y se aplicaron en la búsqueda de soluciones para reformar las condiciones que rigen este beneficio propio del estado del bienestar.
Desde países como Suecia, que le vio las orejas al lobo hace casi 25 años, pasando por Portugal, cuya última reforma data de 2013, hasta Francia, que ya ha realizado tres actuaciones en el sistema de pensiones, todos los gobiernos han tenido que intervenir en la hucha de los subsidios para garantizar la viabilidad de estos.
El aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad atenazan al primer mundo que ve cómo sus jubilados superan, con el paso de los años, en número al personal activo. Las soluciones adoptadas son diversas, aunque se mueven sobre algunos ejes comunes: aumento del porcentaje de cotización, ampliación de los periodos requeridos para tener derecho al 100 % de la paga y la creación de planes de pensiones privados como complemento a las aportaciones públicas. También en varios casos, se ha ampliado la edad de jubilación que puede llegar hasta los 68 años en lugares como Irlanda.
El ejemplo nórdico
Los países del norte de Europa siempre han sido un espejo en el que el resto se mira. En el caso de las pensiones lo han sido para Italia o Polonia que se han basado en algunas de sus reformas para crear las suyas propias.
Respecto a Suecia, que aplicó su primera transformación en el año 1994, cabe destacar el talante envidiable de sus fuerzas políticas que, bajo consenso, llevaron a cabo los cambios necesarios para una sociedad en la que, como la española, la esperanza de vida va en aumento. Los trabajadores suecos financian con el 18,5 % de sus ingresos su propia jubilación que se gestiona a través de fondos privados (a elegir por el usuario). También existe una pensión de garantía para los ciudadanos con bajos niveles de cotización que se nutre de los presupuestos del Estado.
En el ejemplo nórdico también se sitúa Dinamarca. En este país las pensiones se financian con los impuestos públicos. El empresario aporta un tercio de contribución y el empleado, los otros dos tercios a través de su nómina. Pero, dado que las cuantías no son muy elevadas, un alto porcentaje de los trabajadores cuenta con su propio plan de pensiones privado.
Medidas especiales
La situación de Japón requería medidas especiales. Con una sociedad muy envejecida, en la que la esperanza de vida se sitúa en los 83,4 años (según la Organización Mundial de la Salud) y una de las menores tasas de natalidad, se estima que para 2060 el 40 % de la población será mayor de 65 años, así que los dirigentes políticos plantean la posibilidad de reformar su política de inmigración para atraer población de otras partes del mundo.
Portugal también llevó a cabo una medida tan radical como impopular. Hace cinco años impuso una rebaja del 10 % en las prestaciones mayores de 600 euros. También hizo hincapié en que era esencial reducir el número de prejubilaciones. Finalmente, con la recuperación de la economía, se volvió a las mejoras iniciales.
