El Ministerio de Fomento sigue lanzando evasivas sobre el futuro de la AP-7 a partir del próximo 31 de diciembre de 2019, cuando finaliza la concesión actual.
El último «interrogatorio», lanzado como pregunta parlamentaria por los diputados socialistas Herick Campos, Patricia Blanquer, Ana Botella, José Luis Ábalos, Artemi Rallo y Cipria Ciscar, ha sido resuelto por el Gobierno con un nuevo ejercicio de vaguedad: ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Según aseguró recientemente el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, en el Congreso de los Diputados, «el Gobierno «no tiene previsto» proceder a la prórroga del contrato concesional de la autopista AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante cuando finalice el plazo de concesión».
La previsión -añadió el secretario de Infraestructuras- es que, cuando la concesión llegue a su término, «revierta a la Administración General del Estado, que decidirá la forma de explotación de la autopista».
La ambigua respuesta deja abierta la puerta a un abanico de opciones que van desde la gratuitidad al establecimiento de un canon incluso a la «vigneta» o pago adelantado con diversas tarifas, dependiendo del uso previsto.
Según la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, el mantenimiento y explotación de la AP-7 a su paso por el territorio valenciano requeriría la menos 12 millones de euros en inversiones anuales, una cifra, dicen, que ahora mismo escapa a las posibilidades de la Generalitat. También lo hosteleros alicantinos han advertido sobre los riesgos de hacer grauita (y saturar, dicen) la única vía rápida que les une con Europa.
Los diputados socialistas preguntaban también - sin éxito- si Fomento había aceptado negociar con la Generalitat Valenciana un calendario para la construcción de infraestructuras auxiliares que faciliten «el uso gratuito de la AP-7» a partir del 1 de enero de 2020.
Indefinición
La respuesta a una liberación anticipada del peaje en zonas conflictivas como las travesías de la Marina Alta,Marina Baja o la N-340, reclamadas por la Generalitat, tampoco fue satisfactoria.
Según la respuesta del Gobierno, no se prevé la liberación de peaje de tramos de autopista «salvo que alguna circunstancia no prevista lo exija». El Ministerio de Fomento pasó la pelota a la Generalitat al afirmar que está «abierto a negociar» la implementación de medidas de bonificación de peaje con la colaboración del Gobierno valenciano, «como ya hace en otras comunidades autónomas».
Según el diputado socialista Herick Campos, la respuesta del Gobierno es un ejercicio «de mal gusto». A su juicio resulta «un agravio comparativo» que se supedite cualquier rebaja de peajes a la participación de la Generalitat mientras que «el ministro de Fomento presumió en el pleno del Congreso de haber asumido ese gasto en Galicia», donde hasta ahora pagaba el gobierno autonómico.
Según consta en el Diario de Sesiones del pasado 14 de febrero, el Estado afrontará a partir de ahora el coste de la bonificación de tarifas en dos tramos de la AP-9 que durante 12 años ha pagado la Xunta.
El Gobierno de La Rioja financia también el peaje para vehículos ligeros en un tramo de la AP-68 .
