A punto de cumplirse un año del congreso regional del PPCV que bendijo a Isabel Bonig como presidenta del partido, algunas de las iniciativas en materia de lucha contra la corrupción incluidas en los nuevos estatutos siguen pendientes.
La más importante es la denominada oficina del cargo popular, un organismo de nuevo cuño que quedó plasmado en los nuevos estatutos del PP nacional aprobados en febrero de 2017 y que la organización valenciana incorporó a los suyos dos meses después.
Con esta oficina anticorrupción, Rajoy quiso enviar un mensaje de lucha contra la corrupción y tratar de la lavar la imagen de un partido asediado por diversos escándalos, muchos de ellos originados en tierras valencianas.
Consciente del daño a la marca, Bonig y su equipo concibieron el congreso regional celebrado en abril como un punto de inflexión, el momento de dejar atrás una etapa marcada por los escándalos de corrupción y trabajar por un nuevo partido totalmente renovado.
De hecho, el PPCV ha sido implacable a la hora de aplicar las líneas rojas a sus dirigentes y Bonig ha rodeado de una ejecutiva sin dirigentes 'contaminados'. Era el congreso para lanzar un nuevo PPCV vacunado contra la corrupción y dispuesto a no caer en los errores del pasado.
De ahí que en los propios estatutos no sólo se incluyeron los instrumentos nacionales, como la citada oficina, si no que se incorporó un código ético más severo que el nacional y se crearon otras herramientas y figuras, como el plan de prevención y el compliance del PPCV, la persona que debía velar por que toda la organización territorial del PPCV, incluido sus representantes políticos e institucionales, empleados o agentes vinculados, cumplieran con el marco normativo.
Los estatutos, además, establecían plazos para la puesta en marcha de estas herramientas. Así en el plazo de seis meses desde la aprobación del reglamento, la oficina anticorrupción debía elevar a la junta directiva el plan de trabajo con el análisis de la normativa aplicable, las estructuras y puestos de trabajo afectados, el protocolo de actuación y la propuesta de nombramiento del compliance officer.
Todo ello, sin embargo, sigue pendiente. El PPCV carece de oficina del cargo popular, plan de prevención y compliance. Más allá de que se trata de un compromiso incumplido, lo cierto es que inactividad en estos asuntos, podría pillar al PPCV con el pie cambiado.
El PP nacional sí constituyó su oficina anticorrupción (compuesta por dos exdiputados, un especialista en tributación y un economista) y a ella encargó la elaboración de un reglamento y formularios dirigido a cargos del PP con el fin de fiscalizar su reglamento.
Los trabajos están finalizados y el nuevo reglamento tenía posibilidades de aprobarse ayer mismo durante el comité ejecutivo nacional, aunque finalmente no se produjo. La idea de Génova es hacer una revisión patrimonial periódica para identificar cualquier cambio sospecho en el patrimonio.
La fiscalización afectará a los 500 integrantes de la junta directiva nacional, pero Génova quiere que se actúe también en las organizaciones territoriales mediante sus propias oficinas. La idea es que se vigile a los futuros candidatos autonómicos y a cargos orgánicos.
Fuentes del PP regional admitieron que todavía no han activado su propia oficina anticorrupción, pero que se coordinarán con Génova en función de las nuevas instrucciones. También apuntaron que el patrimonio de todos los miembros de la actual ejecutiva está fiscalizado porque todos ocupan cargos electos y su declaración de bienes y patrimonial es público. No obstante, mostraron su disposición a incorporar la normativa nacional.
Así indicaron que el código ético incorporado en los nuevos estatutos compromete a todos los cargos públicos, orgánicos y personal eventual con el respeto a diferentes principios básicos relacionados con la honradez, la honorabilidad y la diligencia.
Código ético
El código ético obliga sobre el papel a que todas aquellas personas con cargo en el partido o que vayan a formar parte de una candidatura presenten una declaración previa de antecedentes penales (sea cual sea el delito), no compartir candidatura con familiares de primer grado y la publicación de los bienes, actividades. También recogía una serie de medidas de publicidad (gastos, cuentas anuales, retribuciones) de la organización territorial. Este trámite tampoco se ha suscitado todavía.
Las fuentes del PPCV indicaron que sí se ha constituido, como estaba previsto, el comité de derechos y garantías que vela por la buena actuación de sus cargos y la oficina de atención al afiliado, otra de las novedades introducidas en el nuevo estatuto.
