La Fiscalía de València ha archivado las diligencias penales abiertas contra Carles Recio por posible malversación de caudales públicos y prevaricación. La denuncia fue impulsada por Maria José Gil, directora del Archivo de la Diputación de València y persona que dirigía el área de Recio desde 2014. Gil fue expedientada junto a Recio por la diputación, pero no fue expulsada de la corporación al no haber cometido una falta muy grave. Los servicios jurídicos de la diputación retomarán ahora su expediente. La funcionaria se enfrenta a una acusación de falta grave, que podría apartarla de su cargo de tres a seis años.

El expediente, que estaba muy avanzado hasta su paralización cuando la Fiscalía admitió a trámite la denuncia, responsabiliza a Gil de «omitir» la responsabilidad de las personas a su cargo. Carles Recio está acusado de absentismo laboral durante diez años, los tres últimos bajo la supervisión de Maria José Gil, desde que en 2006 fuera nombrado por decreto del expresidente Fernando Giner como jefe de Unidad del Archivo.

En 2017, Recio fue expulsado por una falta «muy grave» de absentismo laboral, mientras que el expediente de Gil podría contemplar una «grave», cuya consecuencia directa sería apartarla de su cargo como directora del Archivo.

La Fiscalía, según la interpretación de la institución provincial, devuelve ahora el caso a la vía administrativa al no ver indicios de prevaricación ni malversación de caudales públicos, sino «irregularidades administrativas». La defensa de Gil impulsó la investigación penal porque consideró que se estaba encubriendo una serie de delitos en un proceso administrativo.

Personal nunca respondió

La Fiscalía recoge en su resolución la declaración de la antecesora en el cargo de Maria José Gil. Reconoció que Recio carecía de despacho o mesa de trabajo en las dependencias del Archivo provincial cuando fue nombrado en 2006, e informó al jefe de Personal de que no era necesaria la figura de Recio en el área. Lo mismo hizo Gil cuando asumió el cargo, y tampoco recibió respuesta.

Recio declaró que tuvo que asentarse en las oficinas del BOP, y cuando desalojaron los despachos del edificio, desarrolló su trabajo «en los bancos de los pasillos y en bibliotecas», para trasladarse en 2011 a las oficinas de prensa de la diputación.

La Fiscalía corrobora en el escrito que carecía de despacho y que sus dos responsables «no tenían constancia» de que Recio realizara trabajos en otro lugar, solo que iba a fichar a su entrada y salida del archivo, pero sin permanecer en el lugar de trabajo. La resolución señala que Recio presentó escritos del expresidente Giner y del jefe de Personal, Julio Chanzá, que hacen constar que de 2006 a 2017 «tuvo predisposición y servicio activo a la institución».

Así pues, la Fiscalía descarta los delitos de malversación de caudales públicos, dado que Recio mantuvo su sueldo de funcionario tipo A, como de prevaricación, que habría prescrito por haber transcurrido diez años desde el nombramiento de Recio.

El expediente disciplinario a ambos funcionarios se abrió por posibles faltas contempladas en la ley de Función Pública. Se resolvió con el despido de Recio y se paralizó en el caso de Gil.