La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), "la policía fiscal" creada en 2013 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para vigilar los excesos presupuestarios de las comunidades autónomas, tendrá a partir de ahora más herramientas para controlar al ejecutivo autonómico y forzarle a seguir sus recomendaciones.

Un real decreto aprobado el pasado día 9 por el Gobierno de España a petición del departamento de Hacienda por el cual se modifica el Estatuto Orgánico de la Airef se concreta en más poder para el organismo y en menos autonomía financiera para la Generalitat.

Así, las comunidades, en especial las incumplidoras como la valenciana, tendrán a partir de ahora menos margen para escapar de las recomendaciones del organismo supervisor, que, además, tendrá más acceso a la información presupuestaria de las diferentes administraciones.

Los cambios introducidos por el decreto afectan a dos cuestiones básicas: el acceso a la información y el seguimiento de las recomendaciones.

Respecto al acceso a los datos, se eliminan las restricciones que existían hasta ahora. Cabe recordar que la propia ley de creación de la Airef establecía la obligación de las administraciones públicas de facilitar información económica y financiera con la única restricción de que que los datos requeridos fueran necesarios para el desempeño de las funciones de la institución.

Como explica la propia Airef, en 2014 con la aprobación del Estatuto Orgánico del organismo esta obligatoriedad acabó limitada por dos vías: se dejó fuera aquella información considerada auxiliar y aquella elaborada en cumplimiento de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o de otras disposiciones. El primer límite queda ahora eliminado y el segundo se suaviza.

Por otro lado, el decreto viene a reforzar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal frente a las administraciones públicas. Sobre el papel estas tienen la obligación de seguir sus recomendaciones y, en caso contrario, explicar los motivos por los que se desvían de estas instrucciones.

Sin embargo, hasta ahora era una herramienta difícil de manejar. La Airef tiene por costumbre hacer públicas a través de su página web las recomendaciones contenidas en sus informes. Sin embargo, las respuestas no eran públicas.

El Real Decreto incorpora en la norma la obligación de la Airef a realizar y publicar el seguimiento de las recomendaciones, mientras que las comunidades y demás administraciones deben notificar a la Airef qué medidas están dispuestas a adoptar para cumplir sus recomendaciones o, en caso contrario, motivar por qué no siguen estas instrucciones.

En la práctica, supone una vuelta de tuerca al control de administraciones como la valenciana, cuyo margen de movimiento es muy estrecho. El déficit de financiación, que hace muy difícil el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y obliga al Consell a depender de los fondos de liquidez, supone que las cuentas estén en la prácta intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Ahora, además, el Consell del Botànic tendrá que rendir cuentas ante un organismo en principio independiente.