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Análisis

Rajoy adquiere compromisos de gasto por 27.000 millones sin arreglar la financiación

El Consell observa con inquietud los acuerdos sobre funcionarios, defensa y policías, y teme que la caja del Estado se vacíe

Rajoy adquiere compromisos de gasto por 27.000 millones sin arreglar la financiación

Cualquier presupuesto (de una familia o del Estado) está sometido a la muy española ley de la manta: si se estira por un lado, falta por otro. En eso están pensando en el Palau de la Generalitat a la vista de los compromisos que está adquiriendo el Gobierno en las últimas semanas para mejorar la situación de distintos colectivos.

No es que no sean necesidades importantes en muchos casos (ese sería otro debate), es que la caja se vacía para atender la reivindicación central de las instituciones valencianas: la reforma de la financiación autonómica, que debería paliar la insuficiencia de la Generalitat para hacer frente a los servicios básicos.

La mejora de la economía deberá notarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (aún pendientes) con un aumento de los ingresos. Es uno de los elementos clave de cara al nuevo modelo de financiación autonómica, ya que se da por hecho que cualquier acuerdo ha de pasar por una mayor aportación estatal: es impensable una solución que pase por restar recursos a unas comunidades para dárselos a otras.

El problema que empiezan a observar en las comunidades peor financiadas es que esa bolsa de dinero extra para los próximos años va menguando al ritmo que el Gobierno de Mariano Rajoy adquiere compromisos en un momento de creciente tensión en las calles.

El informe que los expertos aprobaron el verano pasado cifraba en 16.000 millones anuales el déficit actual del sistema para cubrir los servicios públicos fundamentales. Es el mínimo necesario que el jefe del Consell, Ximo Puig, ha reiterado para empezar a arreglar el problema valenciano. Al margen quedaría la compensación por la infrafinanciación histórica (otros 16.000 millones).

De momento, el acuerdo de la Moncloa con los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios (de hasta un 8 % de forma progresiva en tres años) se calcula que tendrá un coste total para las arcas públicas de 14.400 millones.

Además, la equiparación del sueldo de los cuerpos de seguridad del Estado con el de los Mossos d'Esquadra supondrá otros 1.100 millones adicionales hasta 2020 (500 millones deben ir ya en las cuentas de este año).

Por otra parte, las obligaciones con la OTAN para incrementar el gasto en Defensa se concretan en la necesidad de invertir 10.805 millones en quince años.

Y además está la reivindicación de las pensiones, de amplio calado popular. El exiguo aumento (0,25 %) decretado por el Gobierno está cuantificado en 297,3 millones de euros. Pero ante la presión social, y teniendo en cuenta que 2019 es año electoral, es muy posible que el Gobierno atienda de alguna manera la exigencia de los afectados. Sería otro bocado (justo, pero mordisco al fin y al cabo) a la bolsa de los Presupuestos del Estado.

Estos se llevarán el próximo martes a un consejo de ministros extraordinario. Fuentes gubernativas dan por hecho que el proyecto no contemplará el coste de un nuevo sistema de financiación.

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