El pleno del Consell aprobó a mediados de febrero la Ley de lobbies que aspira a regular formalmente las relaciones del Ejecutivo con grupos de presión, básicamente empresarios. La norma, que ahora se debatirá en las Corts, tardó más de dos años en madurar y la Conselleria de Transparencia tuvo que pulir al máximo un texto que suscitó interrogantes entre los miembros del Gobierno. En esencia se les pedía que desnudaran su agenda al máximo y sus encuentros con los poderes fácticos, un colectivo sospechoso de tratar de tejer relaciones con el poder en beneficio propio tras una etapa marcada por la corrupción.
Al PP, que gobernó más de veinte años en la Comunitat Valenciana, su ligazón con el mundo empresarial acabó pasándole factura. Dirigentes y empresarios que pisaban moquetas han acabado desfilando por los juzgados, con el consiguiente descrédito ante la ciudadanía. Casi tres años después del cambio de gobierno, la situación ha dado un vuelco: el PP de Isabel Bonig ha intentado guardar distancias con la clase empresarial e incluso ha tenido roces significativos con la patronal. PSPV y Compromís, ahora en el poder, consideran a los empresarios y empresarias interlocutores válidos y necesarios para el crecimiento económico e incluso han logrado sumarlos a sus pancartas para reivindicar una financiación y unas inversiones justas para la Comunitat.
Ahora bien, ¿cómo son las relaciones del Consell del Botànic con el mundo empresarial? ¿Hay directrices claras? ¿Todo el Gobierno actúa del mismo modo?
Consumida ya más de la mitad de la legislatura pueden extraerse algunas conclusiones. Un repaso a estos años evidencia que el Consell afronta sus relaciones con el poder económico de forma dispar, según los actores y asuntos concretos. A veces, el ejecutivo parece cerca, demasiado en opinión de los más críticos y, otras veces, demasiado lejos porque el cordón sanitario que han establecido algunos dirigentes es demasiado rígido con el consiguiente desconcierto empresarial.
Esta esquizofrenia en la relación público-privada se sustenta en dos elementos: la ideología y el pasado. Y es que el Consell debe conciliar su posición institucional con sus compromisos programáticos de izquierda y todo ello, en un clima marcado por los escándalos pasados que obligan al Botànic a una distancia de seguridad.
De hecho, no hay una postura única por parte de los diferentes departamentos sobre cómo deben afrontarse estas relaciones y cuáles son las líneas rojas. Para algunas conselleries, no hay sudoku que resolver porque su negociado les salva de verse en la tesitura de abrir o no las puertas a empresas concretas, si bien hay otras con competencias en inversiones y prestación de servicios en el que el reto es distinto. Las circunstancias, como decía el pensador Carlos Marx, influyen en cómo las personas hacen su propia historia. Y en este caso, las circunstancias para los protagonistas del Botànic son variadas.
En el Palau se tiene claro que los empresarios deben ser aliados en el objetivo supremo del crecimiento económico y la creación de empleo. Desde Presidencia se admite que el mundo empresarial es complejo como también lo es encontrar el punto de equilibrio, pero se aboga por una buena relación basada en el respeto mutuo y la lealtad. «Un gobierno democrático debe dialogar con todo el mundo y cultivar las relaciones desde la independencia», argumentan desde Presidencia, desde donde se reivindica que con el Botànic se ha operado un cambio de paradigma en las relaciones con el mundo económico. Así se habla de los «verdaderos empresarios» y se marca distancia con una etapa marcada por el «amiguismo» y en la que, indican, las relaciones estaban marcadas por la coacción.
«Hay muchos asuntos que trascienden del interés particular de estos actores, hay cuestiones de interés general como el agua o la financiación». Bajo esta premisa se hace una defensa de la colaboración público-privada y se subraya que no existe incoherencia respecto a la decisión de rescatar el hospital de Alzira. La clave son los aspectos de control para una correcta colaboración público-privada y allí fallaron, dicen. No hay pues más límites que el cumplimiento de la ley, algo que no es poca cosa teniendo en cuenta lo ocurrido en tiempos pasados.
Sin embargo, más allá del consenso de que las relaciones institucionales con las asociaciones empresariales deben abordarse desde la normalidad, los consellers y conselleres actúan de manera distinta cuando los contactos son con particulares, es decir, empresas con nombres y apellidos que bien son contratistas, bien aspiran a serlo o a desarrollar un proyecto empresarial. Así, en la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra se defiende también la existencia de un diálogo abierto, si bien existe una instrucción interna que evidencia la desconfianza.
Oltra abre las puertas de su despacho al sector, pero con un funcionario de la casa que toma nota: «Para que haya corrupción debe haber quien corrompe y quien se corrompe», argumentan desde la vicepresidencia, para quien esta suerte de notario que «levanta acta» de las reuniones es una suerte de inhibidor contra posibles malas prácticas.
Podría pensarse que Compromís, azote de determinados empresarios cuando estaba en la oposición (muchos de los cuales siguen siendo proveedores o contratistas del actual Consell), es la pata recelosa del bipartito. Pero no es así del todo. Educación y Sanidad coinciden en que la línea roja es que existan procesos de licitación por el medio, pero la más preventiva es la consellera Maria José Salvador, titular de Vivienda, que aplica una estricta política de prevención hacia los empresarios: «Es decisión firme de la conselleria no mantener reuniones bilaterales con empresas concretas o con representantes de intereses privados determinados, ya que ello podría llegar a entenderse como un cauce o un medio para conseguir un hipotético ´trato de favor´ en relación con el resto de agentes privados», aducen.
Vivienda defiende que se» quiere romper con dinámicas de esa conselleria, en la que puntualmente se recibía a determinadas y concretas empresas para mantener reuniones de análisis de las previsiones sobre políticas o estrategias de futuro». Así se afirma que Vivienda «no ha mantenido reuniones puntuales y directas con empresas privadas para analizar situaciones que pudieran llegar a tener incidencia en su ámbito de negocio».
La excepción es cuando estas empresas son «acompañantes» en una reunión con instituciones públicas. Es la gatera que Salvador terminó abriendo para recibir a los responsables de Intu-Eurofund, el grupo inversor británico que lleva años batallando para que la Generalitat le dé luz verde a su proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna. Tras años de darles esquinazo, Salvador se avino a recibirles en una visita solicitada por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Y lo hizo, además, después de que el embajador británico mediara ante el presidente Ximo Puig.
Puerto Mediterráneo ha sido, junto con el rescate del hospital de Alzira, el asunto donde más se ha visibilizado el choque con la iniciativa privada y donde la disparidad de criterios en el Consell ha sido más llamativa. El proyecto de un gran centro comercial contó desde el inicio con las reticencias de Compromís y su pata verde. La idea no cuadró a Oltra, tuvo el rechazo del ya exresponsable de Medio Ambiente Julià Álvaro y el portazo de Territorio. El proyecto no está enterrado. Presidencia ve una oportunidad para crear empleo y da oxígeno al grupo inversor para que siga intentándolo. «Sería contraproducente que un día apareciera en el Financial Times que en València existen dificultades», decía en octubre un responsable de Intu. Los otros actores indican que no se trata de ideología, sino de trabas legales.
Puig también se ha posicionado a favor de facilitar al empresario Juan Roig la construcción de un pabellón deportivo en València. El presidente ha pedido expresamente al alcalde Joan Ribó que se allane la inversión cediendo un solar.
En todo caso, el mensaje de diálogo tiene grietas en el caso concreto del hospital de Alzira, un foco de conflicto que ha marcado la legislatura. Presidencia ha sido renuente a la interlocución con la concesionaria y defiende que el rescate no rompe su discurso de mano tendida: «Estamos ante el vencimiento de un contrato, que no se hizo bien. Donde falló la transparencia», indican.
Es el argumento que usa también la Conselleria de Sanidad en cuya titular Carmen Montón ha quedado personificado el choque. El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, denuncia la dificultad del contacto con la consellera (en Levante TV dijo que desde agosto de 2016 no se ha visto con Montón). Tampoco ha tenido acceso, al menos que haya trascendido, a Puig. Sólo la multinacional propietaria del 50 % de Ribera Salud, Desarrollo Corporativo Global de Centene Corporation, logró una cita con el presidente. El encuentro se colgó en el portal de Transparencia apenas unos minutos después.
