La Generalitat está digitalizando los expedientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas denunciados por el PPCV por presunto fraccionamiento de contratos para trasladarlos a la Fiscalía Anticorrupción, tal como se le había requerido. El Ministerio Público abrió diligencias de investigación en febrero a raíz de una denuncia presentada por el PPCV vinculada a supuestas irregularidades en contratos de servicios de limpieza de centros sociales del departamento dirigido por Mónica Oltra y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto, que sumarían más de 43,7 millones de euros.

Lo primero que ha hecho el fiscal de la causa ha sido pedir los expedientes cuestionados a la Generalitat. Y la respuesta de la administración autonómica ha sido indicar que la documentación se está digitalizando y será remitida cuanto antes.

En su denuncia, el PP indicó que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación. En concreto, los populares hablan de un «fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de intervención». Igualmente, sostienen que existió un «recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa». El PP cuestiona 16 expedientes con importes que oscilan entre los 369.830 euros hasta los 7,8 millones, y que han sido autorizados por el Consell en distintas sesiones plenarias.

Según mantienen los populares, el «continuado fraccionamiento» de contratos administrativo por pequeños periodos, con las mismas empresas de servicios e importes inferiores a 18.000 euros (el tope de un contrato menor) es «práctica constante de la conselleria» y «así ha sido sistemáticamente puesto de manifiesto por la Intervención de la Generalitat».

Pero en la Conselleria de Igualdad se muestran convencidos de que el procedimiento judicial se terminará archivando porque «ninguno de los expedientes puede ser aprobado con el informe negativo de la Intervención». Sin ese tramite del órgano fiscalizador, agregan, «ni se contabiliza, ni se paga». El departamento que dirige Oltra mantiene que es «falso» que la vía del enriquecimiento injusto «eluda la fiscalización» porque los expedientes, insisten, «pasan por la Intervención General».

Que investigue Transparencia

Por otra parte, el presidente de la gestora del PP de València, Luis Santamaría, presentará hoy una denuncia ante la Agencia Antifraude sobre las filtraciones del examen para acceder a la bolsa de inspectores de la EMT de València, tras reprochar al organismo que no haya abierto todavía ninguna investigación de oficio. Santamaría reclamó ayer que tanto esta entidad creada por el Botànic como el Consell de Transparencia «abran investigaciones sobre asuntos de prácticas cuestionables dentro de las administraciones públicas» para que «se demuestre la utilidad de su creación y su imparcialidad». A juicio del dirigente popular, existe un «afán revisionista» de estos entes respecto a etapas pasadas, mientras «pasan de puntillas por asuntos turbios que están de plena actualidad y han generado alarma», zanja.