n Cinco exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) comparecieron ayer por primera vez ante la jueza de Instrucción 21 y la fiscal que investiga el accidente del metro, a pesar de estar oficialmente investigados hace casi dos años. Su imputación fue preventiva, ya que la jueza del metro, Nieves Molina, no veía «datos relevantes» para incriminarlos, pero la prescripción de los posibles delitos ante el décimo aniversario del accidente (el 3 de julio de 2016), obligó a declararlos oficialmente investigados, junto a otros tres exdirectivos más que ya estaban imputados desde mayo de 2014.

Durante los casi dos años desde la segunda tanda de imputaciones, la jueza nunca había citado a declarar a los últimos cinco exdirectivos implicados. Incluso llegó a archivar la causa, sin escucharlos, aunque la sección segunda de la Audiencia de València le enmendó la plana y obligó a la jueza a practicar las declaraciones y decretar la apertura de juicio.

La inminente celebración de la vista oral parece que ha resquebrajado la unidad de acción de los principales implicados por el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Los cuatro exdirectivos que comparecieron ayer sólo accedieron a responder a las preguntas de su letrado. Y lo hicieron para responsabilizar a otros dos exdirectivos, uno de ellos no investigado en la causa, de las decisiones sobre prevención de riesgos laborales y del control de la velocidad en los trenes.

Las respuestas ofrecidas por Manuel Sansano (director de operaciones), Juan José Gimeno Barberá (director del departamento de auditoría interna de seguridad en la circulación), Sebastián Argente (jefe de la Línea 1) y Luis Domingo Alepuz (jefe de talleres de València Sud) se encaminaron a responsabilizar a Dionisio García, jefe de recursos humanos de FGV en el momento del accidente y responsable de la prevención de riesgos laborales en el momento del siniestro, según confirman fuentes conocedoras de su declaración.

García entró en 2004 en la empresa como jefe de personal y, tras el siniestro, fue ascendido a director adjunto operativo y mano derecha de la exgerente de FGV, Marisa Gracia. En 2012 fue despedido en el expediente de regulación de empresa (ERE) aprobado en FGV. En la segunda comisión de investigación sobre el accidente del metro celebrada en las Corts, Dionisio García reconoció haberse sentido, tras el accidente del 3 de julio. «indefenso y cautivo de opiniones. No puedes ni ir a apoyar a los muertos. Si no respetas a tu propia gente, acabas en la mierda». Y admitió que en la empresa hubo «un aire enrarecido. FGV nunca ha asumido el accidente. Aquello fue un "sálvese quien pueda". Y con una estrategia política equivocada. Fue imposible hacer un análisis de lo que pasó y no pasó. Yo me he sentido indefenso por no saber qué hacer. Fue imposible analizar la información para evitar accidentes futuros», admitió en respuesta a las preguntas de los diputados de la comisión de investigación.

Dionisio García será citado a declarar, con toda probabilidad, por parte de las defensas ya que es el único de los seis exdirectivos de FGV identificados como «responsables» de la mala gestión ferroviaria por la segunda comisión de investigación del accidente del metro de las Corts que identificó a trece responsables (cinco miembros del Consell, seis de FGV y dos de RTVV) de la nefasta gestión del accidente del metro. Aunque García sólo podrá ser citado a declarar como testigo, ya que cualquier posibilidad de imputación habría prescrito para él, al haberse cumplido ya los diez años desde el siniestro.

En otras respuestas de los cuatro investigados que declararon ayer también dirigieron la responsabilidad del siniestro hacia otro de los técnicos imputados, Francisco Orts Pardo, responsable de la dirección de Estudios y Proyectos, el departamento en el que recayó la supervisión de los trabajos de instalación del sistema de frenado automático puntual (FAP). Un trabajo que realizó bajo la férrea tutela de los máximos responsables técnicos de FGV, también investigados, Vicente Contreras Bórnez (director adjunto de explotación en 2006 y número dos de la gerente) y Francisco García Sigüenza (director técnico de FGV y considerado el «número 3» de la empresa).

Por último, la exgerente de FGV, Marisa Gracia, se acogió ayer a su derecho a no declarar por motivos de salud. Y se comprometió a solicitar una nueva comparecencia en breve. La titular del Juzgado de Instrucción 21 de València, Nieves Molina, ha dado de plazo a las defensas de los ocho investigados hasta el 6 de abril para que soliciten nuevas diligencias, si lo desean.