La Conselleria de Vertebración del Territorio celebró ayer en Alicante la tercera reunión -el recorrido arrancó en febrero en Elche y San Vicente- para tratar de desbloquear la redacción del Plan de Acción Territorial Alicante-Elche, un documento en el que se quiere plasmar la planificación territorial de un espacio en el que residen cerca de 800.000 personas de forma permanente, el 15% de la población de la Comunidad Valenciana. Tras un año de lanzamiento no acaba de cuajar entre los municipios afectados, sobre todo Elche, que se resiste a convertirse en apéndice de Alicante, tal como ha venido manifestando su alcalde, Carlos González, desde el Consell presentó la idea en la Universidad de Alicante en enero de 2017. En el Ayuntamiento de Alicante, ahora mismo, no están para centrarse en muchos planes.
La Generalitat pretende que el plan sea vinculante, de carácter supramunicipal, y entre otras competencias, permitirá al Consell desclasificar suelos urbanizables que los técnicos consideren de riesgo, por ejemplo, de sufrir una inundación, o que pudieran generar un colapso viario si se ejecutan, como amenazaba el extinto Plan Rabasa de Alicante, que, curiosamente, salió adelante con el visto bueno, primero del Ayuntamiento de Alicante y después de la propia Conselleria de Urbanismo. Quince meses han pasado desde la presentación en la Universidad de Alicante y tras un periodo en el que han mandado los desencuentro, todo ha vuelto a partir de cero, y todavía no ha arrancado la redacción definitiva de un plan que abarca desde el urbanismo hasta las infraestructuras verdes.
El PAT Alicante-Elche no abarca solo a los dos principales municipios de la provincia, sino que también se extiende a la que está considerada una de las áreas metropolitanas más grandes de España que, además, llega a doblar su población durante la temporada alta turística. Las decisiones que se plasmen en el plan territorial no sólo afectarán a los municipios de Alicante y Elche, sino también a los vecinos de Agost, Aigües, Busot, Crevillent, Dolores, El Campello, Torremanzanas, Mutxamel, Sant Joan d`Alacant, San Vicente, Santa Pola, Tibi y Xixona. El objetivo de las reuniones como la de ayer en Alicante es buscar el mayor consenso antes de aprobar un plan que, por otro lado, juega con el tiempo en contra dado que la legislatura acabará a principios de 2019, año electoral. La intención es aprobarlo antes, pero resulta prácticamente imposible.
De momento, el director general de Territorio, Lluis Ferrando, no se cansa de repetir que se trata de contar con un instrumento vertebrador que responda a las necesidades de un nuevo modelo económico basado en la diversificación, la sostenibilidad y la innovación. Buenas intenciones que chocan con los recelos municipales, principalmente de Elche, ante el temor a que las decisiones las imponga el más fuerte.
Según el Consell, el equipo redactor del plan centrará su trabajo en el documento de inicio elaborado por Urbanismo, y en el documento de alcance de la evaluación ambiental y territorial. Se pretende que los agentes sociales incorporen ideas. Hasta ahora, sin embargo, todos los intentos de la Administración por la realización de un plan han terminado en fracaso desde hace ya más de 25 años.
El Consell aprobó el viernes, por otro lado, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). Esta modificación afecta a cerca de cien artículos del texto legislativo ante la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio.
El Consell se ha marcado como objetivo favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana en la ciudad consolidada en aquellos ámbitos que puedan estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad. Un segundo objetivo es reforzar la función de la gestión pública del urbanismo. El texto garantiza el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentando los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitando que los agentes urbanizadores puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen suelo urbanizable.
