El Ayuntamiento de Algemesí ha propuesto a Presidencia de la Generalitat la apertura de un expediente disciplinario por faltas muy graves contra Cristina Serrano, una vieja conocida de los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps (fue alto cargo en varias conselleries) que en la actualidad trabaja como tesorera de la citada localidad. Serrano, que ha estado en muchas ocasiones en el centro de la polémica por el uso que en su momento hizo de los gastos de caja fija, se enfrenta ahora incluso a la separación del servicio. La alcaldía, que ha remitido el expediente a la Dirección General de Administración Local (competente para sancionar a funcionarios con habilitación nacional) considera que Serrano pudo cometer numerosas infracciones, entre ellas, el incumplimiento reiterado de la jornada de trabajo y la manipulación de documentos para justificar sus ausencias. Además, se le achaca, siempre según el documento, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades al constar que en su tiempo de trabajo realizaba labores personales y profesionales ajenas a sus funciones como tesorera.
La investigación realizada por el Ayuntamiento de Algemesí, según recoge una propuesta de la alcaldesa, la socialista Marta Trenzano, a la que ha tenido acceso este diario, deja a los pies de los caballos a quien fue alto cargo de Presidencia, subsecretaria de Hacienda y secretaria autonómica de Medio Ambiente. La investigación a Serrano tuvo como detonante un justificante de asistencia a un curso del Ayuntamiento de València sobre módulos tributarios y fiscales que la tesorera presentó para justificar el no haber acudido a su puesto de trabajo el pasado 16 de febrero. El justificante incluía un correo atribuido a un funcionario de València, pero el documento generó dudas en el departamento de personal porque no figuraba ni la firma ni el sello. Personal se dirigió a dicho funcionario para comprobar la veracidad del correo y la respuesta no pudo ser más sorprendente. El funcionario negó haber emitido ningún justificante de la asistencia de Serrano al curso porque no tenía competencias para hacerlo y ni siquiera constancia de que tal formación se había dado. Los más grave, sin embargo, es que el funcionario denuncia un copia pega de un correo antiguo que se cruzó con Serrano por otro asunto. Presuntamente, la tesorera habría utilizado parte de este escrito y los datos personales del funcionario para configurar un nuevo correo que justificara sus novillos, según recoge el documento.
El Ayuntamiento de Algemesí se dirigió también a la jefa de servicio de Formación de la citada corporación para verificar la existencia del curso sobre tributación. La jefatura de formación certificó la inexistencia de la jornada.
La supuesta artimaña de Cristina Serrano para justificar su ausencia, con ser grave, no se queda ahí. La corporación siguió indagando y, según consta en la resolución de alcaldía, tras revisarse los fichajes correspondientes al control horario se descubrió que la funcionaria además, «incumple de forma considerable el horario laboral establecido y el cómputo total de la jornada laboral».
El ayuntamiento propone también que se indaguen otras posibles infracciones de la funcionaria ya que sospechan que Serrano realiza actividades personales y profesionales ajenas a sus funciones como tesorera. Documentos que aparecieron en el escáner y la fotocopiadora levantaron las sospechas y la alcaldía ordenó al departamento de informática que investigara los documentos de su ordenador. «Tras la inspección efectuada se encontraron varias carpetas de documentos personales sobre actividades privadas que se encuentran grabadas en un DVD», añade la resolución.
En total, se achacan a Serrano dos faltas muy graves (vulneración del régimen de incompatibilidades y realización dentro de la jornada laboral de manera reiterada otro tipo de actividades personales) y tres graves (incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo de al menos 10 horas al mes, acciones dirigidas a evadir los sistema de control de la jornada de trabajo y emplear para usos particulares recursos de carácter oficial). Entre las sanciones propuestas se incluye la separación del servicio o su destitución durante un máximo de seis años.
La propuesta de expediente se ha remitido a la Dirección General de Administración Local que será la encargada de abrir la investigación y nombrar un instructor si sigue adelante con el expediente.
