El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión de la aplicación de la mayor parte de los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat y que habían sido recurridos por el Gobierno de España.
En concreto el TC levanta la suspensión de los artículos relacionados con la acción pública frente a los órganos jurisdiccionales y los relacionados con el suministro de gas y electricidad. No obstante, mantiene la suspensión del artículo que incluye las medidas propuestas para garantizar la protección a las personas que están en procedimientos de desahucio, y «la necesidad de ocupación» que, según la ley valenciana, podrían ejercer las personas en vías de desahucio «en especiales circunstancias de emergencia social.
La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, considera que el TC «impone un serio correctivo al recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy y a las tesis que defienden sobre la presunta incompetencia de las autonomías a regular, a través de sus propias leyes, el acceso a la vivienda desde una perspectiva social».
A su entender, el TC «avala», como ya hizo en la pasada sentencia sobre la Ley Foral de Navarra, que el gobierno valenciano puede poner en el mercado para los colectivos más necesitados los inmuebles que grandes propietarios tienen sin ocupar. De hecho, apunta Torró, el TC considera que «no hay base cierta para afirmar como hace el Gobierno de España que los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda puedan interferir o tener graves consecuencias sobre la economía nacional» y «se decanta por una tesis más social del acceso a la vivienda».
Retirada del recurso
Ante todo esto, desde la Generalitat han insistido en reclamar de nuevo al Ejecutivo de Rajoy que «recapacite y retire el recurso» presentado contra la Ley por la Función Social de la Vivienda. «Los ciudadanos no entenderían que después de esta decisión del TC el Gobierno Central continuara con su actitud obstruccionista para que las autonomías puedan aplicar medidas de protección social y de acceso a la vivienda», indica Torró. Por ello, la directora general pide que se convoque de nuevo la Comisión Bilateral para abordar una nueva negociación.
