Tener trabajo, recibir una pensión, vivir con los padres, compartir piso con otra familia, tener o no papeles, vivir en la calle, pagar una hipoteca... Cualquier ciudadano que reside en la Comunitat Valenciana puede acceder a cualquiera de las cuatro modalidades de ayudas que prevé la nueva ley Valenciana de Inclusión Social, el proyecto estrella de Mónica Oltra, ese que se anunció para «rescatar personas» y que entra en vigor el 23 de abril gracias a una partida prevista de 88 millones de euros, que se podrá ampliar si se queda corta. El único requisito es residir un año en la Comunitat Valenciana e ingresar menos de la cuantía que establece la Renta Valenciana de Inclusión. Una ley que amplía miras y saca a la superficie a los excluidos del sistema y a una clase media que no llega a fin de mes. Una ley, que lleva por apellido «inclusión», porque eso es lo que pretende: incluir a todos aquellos que hasta ahora se quedaban fuera del sistema de ayudas. Ya fuera porque tenían trabajo, aunque su sueldo no alcanzara los 300 euros al mes, o porque no reunían los requisitos para empadronarse en la localidad.
Eso sí, el cambio previsto es tal que hay que ir por partes. A partir del 23 de abril se podrán solicitar las ayudas asistenciales, es decir, aquellas previstas para quien no recibe ningún ingreso. Ni poco ni mucho. Cero. Una especie de relevo de la actual Renta Garantizada de Ciudadanía pero por un importe mayor (la base es el Salario Mínimo Interprofesional, lo que aumenta las cuantías y asegura el aumento de las mismas conforme el IPC) y con unos requisitos más amplios para acceder a las mismas. Ahora bien, si la persona no puede o no quiere realizar ningún itinerario socio-laboral cobrará menos que si decide hacerlo y dar un giro a su vida. Pero ayuda tendrá.
En 2019, año electoral, podrán solicitar las ayudas quienes ya reciben una prestación. En 2020, pasadas las elecciones y evaluado el actual gobierno, lo harán las ayudas previstas para quien trabaja por un sueldo que le obliga a acabar el mes en números rojos.
La filosofía de la ley es asegurar una vida digna. Así, uno presenta su situación a los servicios sociales (ya sea tras descargarse el formulario pertinente o pidiendo cita) y ellos realizan una propuesta que envían a la dirección territorial, que es quien echa números y concede una u otra ayuda o una u otra cuantía. Tan solo hay que demostrar que uno residen en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana desde hace un año. Aunque carezca de contrato de alquiler. Aunque viva en la calle. Si lo demuestra, puede acceder.
Elimina la burocracia en trámites
El segundo cambio llega a los servicios sociales, que dan un giro de 180 grados. Se acabó esa labor burocrática que desesperaba a todos, a trabajadores y a usuarios. Le falta a usted el padrón o tráigame el último recibo de la luz. Para, luego, tramitar la ayuda de principio a fin. Eso pasó a la historia. Ahora, los servicios sociales reúnen la documentación e incorporan todos y cada uno de los datos del usuario en un «aplicativo informático», una herramienta clave para esta ley ya que permite trabajar en red, agilizar los plazos y suprimir papel. Así, el nuevo aplicativo informático permite unificar las ayudas y evitar que la persona tenga que ir ventanilla por ventanilla, pendiente de los plazos y las convocatorias.
Es decir, si uno pide la Renta de Inclusión todos sus datos se incluyen en un sistema en red que le aglutinará las diferentes prestaciones. Por ejemplo, si paga hipoteca o alquiler podrá acceder al pago del 25% de la cuota; si hay hijos a cargo, se tramitarán de forma automática las becas de comedor o transporte... Una radiografía de la unidad familiar en todas sus variables (atrás quedó la idea de familia formada por padre, madre y dos hijos) para ver qué cuantía le corresponde para vivir «con dignidad».
