Llegó al Consell en diciembre de 2016 tras recibir una llamada mientras preparaba la cena. Era la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para preguntarle si quería formar parte de su equipo de gobierno. El sí fue inmediato. Y así, de golpe, cambió la cercanía del Ayuntamiento de Burriana con la responsabilidad de realizar un cambio de paradigma en el sistema de asistencia. Pero asegura que, por su carácter, se acopla a todo y nunca mira hacia atrás.
La nueva Ley Valenciana de Inclusión es el proyecto estrella de Mónica Oltra. ¿Qué va a cambiar para los valencianos?
Lo primero que cambia es que ahora es un derecho subjetivo. El hecho de que una persona esté en una situación determinada le da el derecho a tener una renta. Hasta ahora, con la Renta Garantiza de Ciudadanía solamente había una renta y una cantidad de percepción, pero ahora pasamos a cuatro modalidades o prestaciones diferentes tras analizar cada caso.
No se busca el asistencialismo pero nadie está obligado a realizar un plan de inserción... ¿Por qué?
Pues porque la ley permite aceptar a la persona tal cual es. Lo que tenemos que ver es que cada persona tiene una historia o 'una mochila'. Hay gente que recibirá ayudas porque quiere realizar un cambio vital en su vida y habrá personas para las que éste no sea el momento. Y hay que respetarlo.
Esta renta se anunció desde el minuto cero. Es la ley que 'rescata personas' pero entrará en vigor pasado el ecuador de la legislatura. ¿La burocracia es el peor enemigo del Consell? ¿A qué se debe la demora?
Principalmente porque para hacer una nueva ley hay que hacer un estudio y ver qué hay en el subsuelo. Primero se puso orden la renta garantizada de ciudadanía porque acumulaba quejas de usuarios y trabajadores. El primer objetivo de la vicepresidenta fue reducir las listas de espera. Y los últimos datos que tenemos extraoficiales son que Castelló ya no tiene lista de espera, y València y Alicante los están limitando también. El segundo paso fue redactar una ley que amplía las miradas, tras una fase de negociación y estudio que tuvo una alta participación. Después entró la fase administrativa y la aprobación en Corts.
La ley facilita el padrón que era uno de los principales obstáculos para que personas sin hogar o inmigrantes sin papeles accedieran a estas ayudas de emergencia?
A ver, el padrón no debería ser ningún problema. Lo que sí hacemos es facilitar el proceso para aquellas personas que han tenido dificultades para empadronarse pero pueden demostrar que tienen una residencia efectiva, es decir, que viven allí. Así, por primera vez, no nos olvidamos de los grandes excluidos por situaciones equis.
Cuando la conselleria empezó a pagar, y solo a pagar, la renta de inclusión las solicitudes se multiplicaron? ¿La maquinaria está preparada para el aluvión de peticiones que puede llegar?
Sí. Si hemos presupuestado 88 millones de euros es porque, además, tenemos un estudio de la Facultad de Económicas que nos indica el gasto en 2018, 2019, 2020... conforme se incorporen las distintas prestaciones. Hemos hecho rondas de información y formación en las tres provincias porque por primera vez Generalitat y ayuntamientos vamos a trabajar en red.
La renta es indefinida pero se renueva cada 3 años... ¿Qué controles tendrá?
Cada año habrá un control de un número determinado de expedientes aleatorios para ver que realmente las personas están en la situación que dicen y que realmente tienen ese derecho.
La primera llamada para solicitar la nueva renta, ¿debe ser a los servicios sociales? Es imprescindible un informe favorable...
Conforme está previsto yo, ciudadano, puedo descargarme la solicitud y rellenarla. O incluso si tengo habilidades puedo remitirla telemáticamente. O puedo acudir a los servicios sociales municipales. Pero sí es verdad que la primera solicitud, llegue por donde llegue, pasa por ahí. Porque lo que hacemos es ampliar la mira de los servicios sociales. Los servicios sociales no los podemos mirar desde el punto de vista del empobrecimiento. Ya no está enlazado con la pobreza, sino con la adquisición de unos derechos sociales.
¿Cuándo serán realidad las ayudas en los bolsillos de los usuarios?
Nosotros esperamos que se pueda resolver en el mínimo tiempo posible. De ahí la importancia de que los ayuntamientos hagan la prepropuesta lo más pronto posible. Porque si desde los mismos ayuntamientos, que son los que conocen a las personas y saben sus necesidades, se resuelve pronto, antes la dirección territorial podrá hacer el estudio de la gestión económica. El interés nuestro es resolverlo cuanto antes.
Cuanto antes... ¿cuánto es?
La ley da un plazo de dos meses a los ayuntamientos para realizar esa propuesta. Luego la dirección territorial tiene cuatro meses más. Pero nos gustaría limitar los plazos y no ir a los máximos... sino a los mínimos.
Un total de 6 meses ¿no? En el peor de los casos... ¿diciembre?
No, no. Tiene que ser antes. La idea es entre tres y cuatro meses.
El 2019 es año electoral. ¿Temen que ocurra como con la Ley de Dependencia, que sufrió un bloqueo por parte de ayuntamientos de otro color político, que no resolvían los expedientes?
Espero que no. Porque al final depende de los profesionales... y son grandes profesionales que se han volcado en toda la fase previa del anteproyecto y en el desarrollo del reglamento... Políticamente a nadie le interesa que las personas estén en una lista de espera sin tener su derecho materializado en una prestación. Yo confío mucho en las personas, en general.
Las ayudas más novedosas como la complemetaria al «trabajador pobre» se anunciaron muy pronto y llegarán cuando ya se hayan celebrado las elecciones. ¿No es un poco tarde?
Es un cambio general del sistema y hay que hacerlo paulatinamente, sobre todo porque hay unas necesidades más latentes en aquellas personas que no tienen ingresos respecto a las que tienen un ingreso por mínimos que sea. La Generalitat tiene una infrafinanciación brutal y nosotros tenemos que hacerlo de forma organizada para cumplir con el compromiso que se ha adquirido.
¿Le pedimos entonces paciencia a la ciudadanía?
Hay que explicar bien las cosas. La empatía del trabajador social con el usuario es básica. Yo siempre les digo... cuando el usuario tenga la resolución no se le da y ya está. La resolución hay que explicarla porque el usuario tiene unos derechos y unos deberes. Nos tenemos que educar todos para entender cómo funcionan las cosas y no ir siempre poniendo el dedo en la llaga.
