02 de abril de 2018
02.04.2018
Investigación por corrupción a los partidos del Botànic

Gandia enviará el expediente del local de la Federación de Fútbol el miércoles

El juzgado pidió el informe sobre la legalidad de la compra del inmueble propiedad de los Gomar

02.04.2018 | 04:15
El local investigado por el juzgado de Gandia está en la calle Nou d´Octubre.

Una de las patas de la investigación llevada a cabo por el Juzgado número 21 de València en la que se indaga sobre la presunta financiación ilegal de las campañas electorales del PSPV y el Bloc en el año 2007, fue derivada hace más de un mes al juzgado número 3 de Gandia. En toda la investigación hay un elemento común: la empresa de comunicación, ya desaparecida, Crespo Gomar SL.

Mientras que en la supuesta trama de financiación ilegal de los partidos del Botànic se trata de averiguar si esta agencia de comunicación estaba implicada en la emisión de facturas falsas a empresas privadas para sufragar los gastos de campaña, en el caso del local de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana en Gandia, la investigación se centraría en la subvención que el Consistorio gandiense dio a la federación para la adquisición del inmueble, que pertenecía a una sociedad de la cual era miembro Gemma Gomar. Se da la circunstancia de que Gemma es hermana de Alberto Gomar (socio de Crespo Gomar SL), hija del exconcejal socialista Antoni Gomar, miembro del equipo de José Manuel Orengo que gobernaba en ese momento, y además, sobrina de Cayetano Gomar, tesorero de la federación de fútbol.

El tribunal de Gandia solicitó el pasado 10 de marzo al ayuntamiento toda la documentación relacionada con la compra del local comercial ubicado en la calle Nou d'Octubre. La operación inmobiliaria se cerró con un coste de 525.000 euros, de los que 257.750 -el 49 % del precio- fue subvencionado por el propio Consistorio.

Según ha podido saber Levante-EMV, el próximo miércoles 4 de abril el ayuntamiento entregará al juez el expediente de la subveción y un informe en el que se argumenta la legalidad de la ayuda pública.

«Sin parentesco de afinidad»

El informe sobre la adquisición del local de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana se realizó a raíz de las críticas y las amenazas de acudir a la Fiscalía -que no llevó a cabo- que el PP lanzó tras la aprobación de la subvención, a pesar de que ésta se llevó a cabo bajo la supervisión del Consejo de Participación Ciudadana de Gandia, el día 9 de julio de 2009, y de que pasó por todos los trámites legislativos y políticos oportunos.

Una de las claves es que la oposición reclamó, además, que Antoni Gomar no debió participar en la aprobación de las ayudas económicas por su relación con los miembros de la sociedad comercial propietaria del local Mora Gomar SL (conformada por su hija y por su yerno, Joaquín Juan Mora), así como la presencia de su hermano en la tesorería de la federación. Pero las conclusiones a las que llega el documento explican cómo esta clara relación de parentesco se esquiva y la operación es, al parecer, completamente legal.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, especifica que «se considera interesado, únicamente a la Federación de Fútbol de Comunitat valenciana, y en su representación, a su presidente Vicente Muñoz». Por lo que el papel de Cayetano Muñoz, tesorero, queda fuera de juego en la operación al «no ostentar la representación legal» de la entidad.

Por parte del dueño del local, el documento señala que la propiedad del inmueble es una persona jurídica, Mora Gomar SL, y que como administrador único figura Joaquín Juan Mora. Y es por esto que al contemplar como únicos representantes de ambas partes al presidente de la federación y el yerno de Antoni Gomar, «queda constatado que no existe parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo» entre los dos.

Según fuentes consultadas, la elección de este local comercial como sede de la federación vino impulsada únicamente por esta asociación deportiva y para el abono de la subvención se contrataron los servicios de un perito independiente que tasó el inmueble. Tras la elaboración del informe, la federación ratificó su intención de comprar el bajo y el Consistorio siguió adelante «a pesar de que la transacción no daba buena imagen pero que es totalmente legal».

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