02 de abril de 2018
02.04.2018

Los opinómetros, a la espera del juzgado

Por el momento el consistorio no ha recibido ninguna petición de documentación sobre las máquinas

02.04.2018 | 04:15

Por el momento, el juzgano número de 3 de Gandia únicamente ha requerido la presentación de la documentación de la compra del local comercial de la Federación de Fútbol de la Comunitat valenciana. Las investigaciones referentes a los «opinómetros» que se instalaron en la ciudad gandiense están, de momento, paradas.

Estas máquinas interactivas que testaban la opinión de los ciudadanos , fueron instaladas por la empresa madrileña Infonova Consultores, tras haber ganado esta el concurso planteado por el Consistorio del exalcalde socialista, José Manuel Orengo, actual asesor del presidente de la generalitat, Ximo Puig.

Para el pago de la instalación de estos aparatos se contó con el dinero inyectado a través del Plan E del Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Y además para la adjudicación del contrato «se aplicó la baremación determinada por el propio Plan E y se cumplieron todos los pliegos de condiciones exigidos», es decir, que venían marcados por el Gobierno central, explicaron fuentes de toda solvencia a este diario.

Estas mismas máquinas fueron instaladas en otras ciudades españolas como Málaga, Ciudad real, Bermeo, Marrachí y Benidorm. Cada uno de ellas gobernada en ese momento por siglas diferentes como el PP, el PNV y el PSOE. Aunque en estos casos, la responsable de la instalación fue Opino Media SL. Una entidad creada por Josep Ramón Tiller, ex jefe de gabinete de los exalcaldes de Gandia Pepa Frau y José Manuel Orengo, y por Alberto Gomar, socio de Crespo Gomar SL, la agencia de comunicación investigada por su presunta implicación en la trama de financiación ilegal del PSPV y el Bloc en 2007.

El precio de los opinómetros ascendió a 163.000 euros en Gandia. Pero en el caso de Benidorm el coste llegó hasta los 288.000 euros para un total de 19 aparatos, es decir, 15.000 euros por dispositivo. Al final, estos no resultaron ser un buen negocio ya que tras unos meses de su puesta en marcha, la mayoría ya se encontraban fuera de servicio, aunque en algunos casos se reutilizaron como terminales para el pago de tasas.

Los contratos de los opinómetros de adjudicaron por la consejalía de Participación Ciudadana, contraloda por Plataforma per Gandia, cuyo concejal, javier Soldevilla, acabó como asesor del exalcalde popular, Arturo Torró, que llegó al poder en 2011.

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