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Retraso

El colapso administrativo en Medio Ambiente retrasa el desarrollo de más de 750 proyectos

La conselleria atribuye las demoras a la falta de personal «heredada» del PP - Los empresarios creen que ha habido exceso de celo ambiental

El pasado noviembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volaba a Canadá con un grupo de empresarios en un viaje institucional para abrir nuevos mercados. En la «intimidad» de quien comparte avión, actos y alojamiento, el presidente tuvo ocasión de escuchar las quejas de varios empresarios con proyectos de inversión «paralizados» en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. En el tono de algunos había, incluso, desesperación, después de dos años o más esperando una licencia ambiental.

No era ni la primera ni fue la última vez que el presidente ha tenido que escuchar este tipo de quejas. Algunos empresarios han recurrido incluso al Síndic de Greuges y la consellera Elena Cebrián ha comparecido ya al menos en dos ocasiones en las Corts, a iniciativa de la oposición, para dar explicaciones.

Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, el número de expedientes industriales sobre los que está pendiente la Autorización Ambiental Integrada (AAI) derivada de la directiva sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación IPPC, asciende a 313 , de los que 50 corresponden a nuevas iniciativas empresariales y públicas, 51 a modificaciones sustanciales, 37 a renovaciones o revisiones y 175 a modificaciones no sustanciales.

La AAI nació como una nueva figura de intervención administrativa que engloba y sustituye a un conjunto de seis autorizaciones ambientales anteriores y que establece los requisitos de carácter medioambiental (límites de emisión, generación de residuos por unidad de producción, etc.) para el funcionamiento de instalaciones dedicadas a determinadas actividades contaminantes.

Detrás de cada una de estos expedientes hay un proyecto, una inversión y probablemente puestos de trabajo y aunque, paradójicamente se creó para «agilizar» los trámites, ha acabado, en el caso de la Comunitat Valenciana, siendo un cuello de botella para muchas inversiones. A un escalón por debajo, el «tapón» es también apreciable en los expedientes de evaluación ambiental por el que tienen que pasar, entre otros proyectos, granjas, piscifactorías, planes generales urbanísticos y sus modificaciones, transformaciones de suelo, minas, tendidos eléctricos, industrias, depuradores, carreteras, ferrocarriles, etc. Al menos 449 expedientes están pendientes de resolución. Junto a las citadas AAI, sumarían 762 expedientes pendientes.

Los retrasos en la tramitación de expedientes afectan prácticamente a toda la Administración medioambiental valenciana, también a los residuos, donde una empresa de consultoría presentó una queja formal ante el Síndic de Greuges. En la respuesta se informaba que en 2016 entraron 4.639 expedientes en un departamento en el que solo trabajan 14 personas frente a los 30 empleados que había en 2011. Necesitan , dicen, 24 funcionarios «adicionales», pero no saben cuándo llegarán.

El esquema es en todo caso el mismo: a un lado unos funcionarios -pocos- desbordados y del otro, empresarios y promotores desesperados por los retrasos en sus proyectos. La consellera Elena Cebrián no esconde la situación y circunscribe las causas a la falta de personal y nunca al «exceso» de celo medioambiental que algunos empresarios atribuyen a su departamento. «Los expedientes pendientes son el resultado de anteriores épocas de gobierno» y responden al «estado lamentable en el que dejaron las plantillas» unido «al trabajo acumulado que dejaron» -en referencia a los gobiernos del PP- «y al trabajo nuevo que va llegando, que es ingente», según aseguraba Cebrián recientemente en las Corts.

La tormenta perfecta

Durante la Administración del PP, la plantilla de funcionarios responsables de la evaluación ambiental y la AAI fue mermando en beneficio de trabajadores contratados por Vaersa, a los que se encargaban esta función -por su naturaleza más propia de funcionarios- mediante encomiendas de servicio. En 2011, el PP decide recortar gastos y lanza diversos ERE en Vaersa. Lo que había sido una solución se convirtió en un problema. Entre 2011 y 2016 hay una rebaja del número de trabajadores dedicados a resolver los expedientes de Autorización Ambiental Integrada, que pasan de 114 a 57.

La consellera defiende su gestión recordando que en esta legislatura han podido cubrir 10 puestos de trabajo en vacantes de la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, pero no es suficiente. Las limitaciones legales estrictas impuestas por el Gobierno central, relativas a las tasas de reposición «y la imposibilidad de aumento del gasto en el Capítulo I del presupuesto impiden crear nuevas plazas».

El «vuelva usted mañana» en las licencias medioambientales parece haber llegado para quedarse.

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