La dirección actual del PSPV intenta marcas distancias con los hechos denunciados por el PP y que han derivado en una investigación en cuatro juzgados (Gandia, Benidorm y dos de Madrid) sobre los contratos de distintas administraciones con la empresa de comunicación (Crespo Gomar SL, extinguida con la crisis) que realizó las campañas electorales de 2007 de los socialistas y del Bloc. Una investigación que conoce de soslayo (solo por las informaciones de prensa) y de cuyo alcance real desconfía hasta no tener en negro sobre blanco y con membrete judicial en qué se sustancia. En todo caso, el foco del equipo que ahora encabeza Ximo Puig está puesto sobre todo en los hechos que estarían legalmente prescritos: la posible financiación irregular de la campaña de las elecciones autonómicas de 2007, con Joan Ignasi Pla como candidato a la Generalitat.
Para algunos miembros de la actual dirección de Blanqueries, los datos que han ido apareciendo en la última semana levantan sospechas sobre la existencia de pagos de actividades de aquella campaña realizados por empresas privadas. Se supone que con la esperanza de obtener contraprestaciones tras una hipotética victoria de los socialistas y de Compromís pel País Valencià (la coalición electoral formada por Bloc, EUPV y diversos grupos ecologistas) que no se produjo. La duda es el grado de conocimiento de la cúpula de entonces del PSPV de esa presunta operación en la que participarían la citada agencia de comunicación y algunas importantes empresas.
El exresponsable de Finanzas de los socialistas valencianos Josep Cataluña ha declarado que aquella campaña de 2007 «se pagó religiosamente» y que fue avalada por el Tribunal de Cuentas, como publicó Levante-EMV el pasado domingo. Cataluña aparece en algún correo electrónico difundido por El Mundo como incluido en la denuncia formulada por el PP ante la Policía en 2016.
Por su parte, Joan Ignasi Pla no se ha pronunciado públicamente desde que aparecieron las primeras informaciones sobre el caso, hace una semana. De manera privada, habría comentado a algunos responsables actuales del PSPV que todo estaba bien, según fuentes del partido consultadas.
La posición de la directiva de Puig es que, más allá de la prescripción judicial, existen responsabilidades políticas contra las que habría que actuar si se comprueba que hubo actos de la campaña de 2007 pagados por empresas privadas al margen de la contabilidad del partido.
El objetivo es no variar el discurso que se mantiene contra la corrupción del PP, que distingue responsabilidades jurídicas y políticas.
En esa línea, Puig reunirá hoy al núcleo duro de su ejecutiva. Encima de la mesa, la creación de la comisión que analizará los hechos denunciados por el PP. Cataluña y Pla, no obstante, están fuera de la vida política.
El Bloc continúa, por su parte, con la revisión de cuentas de hace once años con el plan de ofrecer en breve un informe sobre los presuntos pagos realizados por empresas. «Prudencia y paciencia», piden fuentes del partido.
