La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura es favorable a transferir 60 hectómetros cúbicos (hm3) de agua en tres meses, tras constatar que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, ambos en la cuenca del Tajo, superan ya el umbral mínimo que permite trasvasar recursos según la legislación vigente.
Once meses después del último trasvase, este órgano se ha mostrado favorable a una transferencia de 20 hm3 este abril y de la misma cantidad de agua cada uno de los dos siguientes meses, siempre y cuando los embalses de cabecera se encuentren en la misma situación y acumulen similares reservas.
Tras conocer la posición de esa comisión y su publicación en el BOE, será el Gobierno el que adopte la decisión final sobre el trasvase, aunque la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dejó claro ayer que «todo lo que hay que hacer» es cumplir con lo establecido en la ley.
Y la legislación establece la posibilidad de realizar trasvases de agua cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía sumen 400 hm3, cantidad mínima que se ha sobrepasado con las lluvias caídas las últimas semanas. Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, el de Buendía almacena 259 hm3 y el de Entrepeñas 207, lo que hace un total 466 hm3.
Vuelve la guerra del agua
Los datos y las decisiones políticas que se han de tomar han propiciado que se reabran las fisuras políticas y territoriales en torno a la guerra del agua y a los trasvases. Desde Vigo, donde participó en el acto de inauguración de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Vigo, la ministra García Tejerina subrayó que, «de los muchos trasvases que hay en España», el del Tajo-Segura es «el que mejores normas y reglas de funcionamiento tiene» y recordó en que esas normas están «absolutamente objetivadas».
El presidente del Gobierno de Murcia, el popular Fernando López Miras, señaló que «ya no estamos en manos de decisiones políticas ni de intereses particulares». «Estamos en manos de la ley, y eso nos debe tranquilizar a todos los del sureste», incidió.
También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló antes de conocerse la decisión de la comisión de explotación que veía «absolutamente exigible» que se autorice el trasvase Tajo-Segura 11 meses después del último y afirmó que ahora se dan las «condiciones técnicas» para realizarlo y poder salvaguardar así «los intereses de los regantes valencianos». «Lo que queremos exigir al ministerio es que por supuesto se asuma esta necesidad urgente que tiene el sur de la Comunitat y Murcia, y tal como está contemplado en el memorándum y en la ley es posible y lo exigimos», aseveró Puig.
El jefe del Consell señaló que entiende que otras autonomías, como Castilla-La Mancha, tienen legitimidad para defender otros intereses, «pero nosotros defendemos, como siempre hemos hecho, los intereses de los regantes valencianos», puntualizó.
La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, da la «bienvenida» a la llegada de agua del Tajo al mediodía de la Comunitat, al mismo tiempo, insta al ministerio a «abordar de forma decidida soluciones sostenibles para el déficit hídrico de la Comunitat Valenciana».
Recurso de Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha advirtió de que recurrirá la aprobación de un trasvase del Tajo al Segura si se tiene «la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal».
En declaraciones a la Cadena Ser, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, adelantó este posible recurso y ha asegurado que el memorándum que regula los trasvases «fue una traición al Tajo» por parte de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que rubricó dicho acuerdo.
