Las reuniones mensuales de Ximo Puig y Mónica Oltra (a la hora del almuerzo, habitualmente) no suelen trascender. La de ayer, sí. Conviene observar el contexto: PSPV y Compromís tienen ante sí el mayor contratiempo de la legislatura, en forma de investigación policial de las cuentas de los socialistas y del Bloc (el núcleo de Compromís) en las elecciones de 2007 por un posible caso de financiación irregular.

Con ese trasfondo caldeando la vida interna de los dos socios del Consell, la primera conclusión que se quiso deslizar del encuentro de ayer del presidente y la vicepresidenta es que no se contempla un adelanto electoral. El debate está abierto en las últimas semanas, desde que Puig dejó entrever que le gustaría que, en algún momento, la Comunitat Valenciana se diferenciara del resto de autonomías del café para todos y celebrara elecciones para todos. Una forma más de visibilizarse y de adquirir mayor peso propio, una de las claves de la presidencia de Puig. La reflexión era más teórica que de oportunidad política, pero dio rienda suelta a las especulaciones.

El margen se había estrechado en un contexto con los dos partidos amenazados por un posible caso de financiación ilegal. El espacio es ahora aún menor, después de que de lo poco conocido del cónclave de los dos máximos líderes de PSPV y Compromís sea la voluntad de agotar la legislatura. Los argumentos ofrecidos son que quedan leyes y proyectos pendientes; que falta un 25 % de legislatura por ejecutar y que es necesario el plazo para desarrollar el cambio de política después de 20 años de gobiernos del PP.

Y, mientras tanto (esa es la otra línea argumental que emanó ayer del encuentro), el Consell se mantendrá «aislado» de los conflictos (posibles o reales) que puedan afectar a los partidos que lo conforman. Se podría resumir como que el Govern del Botànic continúa a prueba de bombas.

El Consell podrá querer estar aislado, pero no es intocable a las repercusiones del presunto caso de financiación irregular, aún sin sustanciar en un auto judicial. Se vio ayer en las Corts y es más que presumible que Puig lo constate en la sesión de control parlamentario de hoy.

Los mandatarios hicieron hincapié, según la información aportada, en que el asunto polémico ha de abordarse con total apertura. «Transparencia y honradez han sido las banderas del actual gobierno y no hay que abandonarlas para continuar gobernando», fue el mensaje trasladado tras el encuentro.

Hasta el momento, y a la espera de resoluciones judiciales en función de la documentación investigada tras la denuncia del PP, el PSPV ha creado una comisión interna para analizar las cuentas de 2007. El Bloc, por su parte, lleva días en la preparación de un informe sobre los contratos con Crespo Gomar, la consultora en el centro de la investigación.