El reciente concurso lanzado por la Conselleria de Sanidad por el que busca una empresa que, en el plazo de tres meses y medio, se encargue de auditar, entre otros puntos, el estado de las cuentas de las concesiones y las inversiones que se han realizado cada año, da una pista sobre cuál podría ser una de las grandes bazas de negociación con la que cuenta el Consell en el momento de sentarse a pactar con DKV y Ribera Salud. Pero también para cerrar las liquidaciones que quedan pendientes de la reversión del Hospital de la Ribera.
El apartado de las inversiones, ya pactadas cuando se firmaron los correspondientes contratos, puede inclinar la balanza a favor de la cartera de la consellera Carmen Montón. Las auditorías que tiene previsto hacer Sanidad deben comprobar si Marina Salud, además de construir el nuevo hospital como ya hizo, ha llevado a cabo las inversiones mínimas anuales concretadas para alcanzar los 80 millones de euros en 15 años, tal como se comprometió la UTE en el contrato de su concesión.
En el caso de que se demostrara que no se han cumplido con las inversiones acordadas, dejaría a la gestora privada en una clara postura de desventaja porque, entre otras cosas, se podría haber incurrido en un caso de incumplimiento de contrato.
Estas auditorías, pendientes de licitación, también sacarán a la luz si se están valorando convenientemente tanto los bienes inmuebles como la maquinaría y la tecnología con la que cuentan los centros hospitalarios.
Con esta medida, Sanidad aumenta la presión sobre las concesionarias en la Comunitat Valenciana -DKV, Ribera Salud y Sanitas- tras el primer paso dado en el hospital de Alzira. Hasta el momento, el Consell venía denunciando que el gobierno del PP había hecho «dejación de funciones» en lo que respecta al control de los departamentos de gestión privada. A partir de este nuevo examen, Montón podría asegurarse un arma muy potente en el momento de consensuar con las entidades privadas las reversiones futuras.
Por el momento, las negociaciones siguen abiertas. Carmen Montón aseguró a este periódico que las conversaciones entre las partes «están al más alto nivel» y que se sigue trabajando para que este rescate, «que debe ser por acuerdo», se haga con la conformidad de todos los agentes implicados.
