Con la incorporación del Hospital de la Ribera al sistema público de salud ya ejecutada y las negociaciones para la integración del de Dénia ya en marcha, fuentes del Consell confirmaron ayer a Levante-EMV que la hoja de ruta es esperar a que acaben las concesiones aprobadas por el anterior gobierno. «Esperaremos a que terminen los contratos en vigor siempre que no haya una circunstancia especial», precisaron. En el caso de la Marina, esta situación especial ha sido la contestación social mayoritaria contra la privatización. Además de Dénia, permanecen las concesiones sanitarias de los centros hospitalarios de Elx-Crevillent, Torrevieja y Manises.
El contrato del Hospital de Elx-Crevillent tiene vigencia hasta junio de 2025, el de Manises permanecerá en manos privadas hasta mayo de 2024 y el de Torrevieja vencerá en octubre de 2021.
La razón por la que la Generalitat ha decidido rescindir de forma unilateral la colaboración con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el centro de la Marina Alta tiene que ver con «las protestas sociales que se llevan produciendo desde hace mucho tiempo en su área de influencia», explicaron desde la Conselleria de Sanidad. Se refieren a las quejas de la población y de instituciones locales.
La UTE Marina Salud, que gestiona el centro de Dénia, está participada por la aseguradora DKV, con el 65 % del accionariado, y Ribera Salud con el 35 %. Tal como publicó ayer Levante-EMV, la aseguradora se encuentra a la espera de ofertas por parte del Consell. Estas, en principio, deberían cubrir una indemnización por cesar el acuerdo seis años antes de que finalizara y el lucro cesante, es decir, por las pérdidas de las ganancias al terminar con la actividad de negocio. El consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, considera que la condición para la salida del Hospital de la Marina sería «recuperar la inversión realizada».
Pero no solo el equipo de Gobierno autonómico debe sentarse a negociar con DKV, sino que de nuevo Ribera Salud sale a la palestra, tras la reversión del Hospital de Alzira, puesto que se trata del tercer implicado. Fuentes del Consell aseguraron que ya se han mantenido algunas convsersaciones «exploratorias» con las entidades privadas implicadas, aunque Ribera Salud aseguran que se mantiene a la espera de cómo evoluciona el proceso.
La Ley de Salud: el cortafuegos
El pasado jueves las Corts aprobaron la llamada ley de Salud, con la que la Generalitat prima la gestión pública directa y en la que se recoge la enmienda de Compromís por la que se fija en el 40 % el límite de la participación de personas físicas o empresas en la gestión sanitaria. La aprobación de esta nueva norma tuvo lugar el mismo día del anuncio de la puesta en marcha del rescate del hospital dianense por parte del presidente Ximo Puig.
Con este movimiento, el Consell se asegura, por el momento, que Ribera Salud no pueda llevar a cabo su derecho de tanteo (prioridad para adquirir las acciones de DKV), creando un cortafuegos temporal para que la empresa de la que es consejero Alberto de Rosa no tome el control del accionariado y tenga la opción de bloquear la negociación con el Gobierno. Por el momento, desde Ribera Salud desestimaron hacer comentarios sobre esta nueva ley y la posibilidad de actuar.
