El Ministerio de Interior ha investigado a 470 agentes del Cuerpo Nacional de Policía por «mala praxis» en la Comunitat Valenciana en los últimos 10 años. Así consta en un informe del Plan Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que asegura que, de las 470 actuaciones realizadas contra funcionarios de la Policía Nacional, 11 conllevaron una sanción penal y solo dos, una administrativa. El informe del Ministerio del Interior sale a la palestra en la respuesta proporcionada al senador de Compromís Carles Mulet, que realizó varias preguntas tras la identificación del policía nacional que agredió a una mujer en la calle en diciembre de 2017. Ahora bien, el policía en cuestión aún no ha recibido sanción alguna ya que el procedimiento «se encuentra en la primera fase del procedimiento» y el Gobierno tiene un plazo de seis meses «para resolver», según consta en la misma respuesta.
Además, desde el Ministerio del Interior aseguran que la ley Orgánica 4/2010 «obliga a los miembros de la Policía Nacional a comunicar por escrito a su superior jerárquico los hechos de los que tengan conocimiento que consideren constitutivo de faltas graves y muy graves, incurriendo en la misma responsabilidad que los autores de una falta que induzcan a su comisión». A partir de ahí, «se acordará de oficio la apertura de un procedimiento con el nombramiento de un instructor y un secretario».
Sin embargo, no ocurrió así en la agresión a la que hace referencia la respuesta dada al senador de Compromís. En este caso, ni el compañero del agente implicado ni la propia mujer agredida notificaron agresión alguna. La bofetada que le propinó el agente a una mujer fue grabada por un tercero, y la propagación de las imágenes en las redes sociales hicieron el resto.
Ahora bien, nada de sanción inmediata una vez identificado el agente. El proceso lleva su curso y según el ministerio, el plazo acaba en junio ya que el procedimiento disciplinario previsto en la citada ley «está regido por los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad... y comprende los derechos de presunción de inocencia, información, defensa y audiencia...» por lo que «estas garantías han de preservarse en relación con el inculpado», señala el Gobierno .
Con o sin pruebas
El senador de Compromís Carles Mulet tiene una opinión diferente sobre cómo se debería resolver este expediente en concreto. «Cuesta creer que más de cuatro meses después de esta vergonzosa actuación no se haya sancionado al policía autor porque crea una sensación de indefensión total», asegura. Y es que «en este caso existe una prueba irrefutable que son las imágenes en vídeo». Es más, Mulet afirma que entre las preguntas presentadas figuraba la de saber qué protocolos se sigue en casos de presuntas agresiones policiales «donde no existe prueba visual como en este caso y no se nos contesta». Por ello «vamos a reiterar la necesidad de esclarecer este caso, y exigimos medidas ejemplarizantes, ya que personas como estas no pueden estar al frente de la policia nacional».
Carles Mulet recalca que «no se trata de estigmatizar a la policía sino de que la ciudadanía esté segura y se pueda defender ya que resulta llamativo que de 470 actuaciones en 10 años solo 11 hayan tenido sanción penal y solo 2 administrativa. Tampoco conocemos ni el alcance de las sanciones. Falta información y no lo toleramos. Son cifras muy llamativas para dejarlas pasar», concluye el senador.
