La entrada de teléfonos móviles en cualquier centro penitenciario está terminantemente prohibida, normativa que también afecta a los Centros de Inserción Social (CIS) al tratarse de dependencias penitenciarias de cumplimiento tanto para presos en tercer grado que gozan de régimen abierto como para aquellos que no tienen privación de libertad y acuden a talleres educativos o de trabajos en beneficio de la comunidad.
Este reglamento es conocido y comprendido por reos, condenados y familiares. Pero, ¿qué hacer con el teléfono móvil cuando se acude a las instalaciones solo y no se tiene la posibilidad de dejárselo a un familiar o a un amigo?
Un condenado a cursos de reeducación por violencia machista ha denunciado ante la Guardia Civil el cobro de dinero por parte del bar de la prisión precisamente por el servicio que, según su denuncia, presta presuntamente este establecimiento hostelero guardando los teléfonos de aquellos que lo solicitan, al carecer de taquillas el CIS de Picassent. Concretamente un euro por persona en cada visita. «Puede parecer poco dinero pero ves sumando un euro de cada uno y sin declararlo y verás», explica el denunciante.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen que no hay taquillas en el Centro de Inserción Social de Picassent «por motivos de seguridad». Asimismo remarcan que los presos del CIS y toda aquella persona no interna, incluso los familiares, «saben perfectamente qué objetos pueden tener dentro y cuáles no porque se trata de un centro de cumplimiento con unas normas».
Así, consideran que son ellos los que deben de dejar previamente los objetos prohibidos, tales como el teléfono móvil, en el vehículo o simplemente no llevarlos encima el día que tengan que acudir a las instalaciones penitenciarias.
Sin embargo, hay personas que acuden en transporte público y necesitan el teléfono para estar localizables una vez finalizado el curso educativo, defienden.
«Lo único que queremos es que pongan taquillas u ofrezcan algún tipo de posibilidad alternativa», explica Rubén, quien acude semanalmente a cumplir un curso de dos horas desde el pasado 24 de enero y quien hasta ahora había pagado un euro en el bar para que le guardasen el teléfono en custodia hasta su salida del CIS cada vez que acudía al mismo.
«Cuando el funcionario me dijo el primer día que no podía entrar con el móvil me indicó que lo dejara en el bar», asegura el denunciante. «Hablé con una mujer y ella me dijo que sin problemas, que cobraba un euro por guardarlo», añade. Así, «le colocó una nota con su nombre y apellido sujeta al teléfono con una goma», según consta en la denuncia, y al salir lo recogió como habían acordado.
Motivo de la denuncia
Este proceso se repitió cada semana, tanto con él como con otros clientes del bar, según afirma el denunciante, aunque no tiene tique alguno que demuestre el cobro por dicho servicio. No obstante, el pasado 28 de marzo el condenado a un curso de reeducación por colgar un anuncio sexual de su expareja en un portal de internet, tuvo un desacuerdo con la dueña del establecimiento hostelero por no servirle y pidió la hoja de reclamaciones. «Desde entonces me dijo que ya no guardaban los teléfonos móviles, ni el mío ni el de nadie», argumenta este, quien al día siguiente interpuso la denuncia.
Desde Instituciones Penitenciarias aseguran no tener constancia de queja alguna y que, en todo caso, el bar no es una instalación penitenciaria, por lo que desconocen si cobra o no por este servicio de «custodia de móviles». Este diario no logró ayer contactar con citado establecimiento hotelero.
