Cada año una media de 10.000 familias pierden su hogar en la Comunitat Valenciana. Pero no en la apertura del proceso de desahucio, sino en la ejecución del mismo, que lleva por nombre «lanzamiento». Así, se ven obligadas a abandonar la casa donde residían, ya fuera en propiedad (una media de 5.500 por año) o en alquiler (alrededor de 4.000).
La crisis económica ha hecho estragos en las familias que no han podido asumir el pago de hipoteca o alquiler acordado y antes o después se han visto en la calle, engordando la lista de los hogares pobres, de las familias que acaban el mes con números rojos y suman deudas que crecen.
Así consta en un estudio del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana, que ayer hizo entrega al president de las Corts Valencianes, Enric Morera, y que analiza los años 2005 al 2015 con datos de la Administración.
Las conclusiones del informe son demoledoras. El análisis refleja una cifra de 7.100 hogares que se encuentran (en 2015) en el límite de pobreza en vivienda y que, ante cualquier cambio negativo en las condiciones económicas, «podrían requerir de apoyo público de inmediato, frente a una disponibilidad de 3.500 viviendas».
Las nuevas demandas de urgencia de vivienda se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.
Y es que para el Síndic existe la evidencia de un parque público de vivienda «insuficiente» para atender a la demanda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis.
De hecho, el informe cuantifica el parque público de vivienda en la Comunitat en unas 65.000 unidades, de las que el 94 % están ocupadas. Es decir, «hay un remanente que oscila entre el 4 y el 5 % entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o recuperar, lo que supone unos 3.500 inmuebles para toda la Comunitat que podrían ser utilizadas para cubrir las necesidades», afirma el estudio.
No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, a aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta, una eventual nueva crisis económica podría provocar que estos hogares se quedaran sin casa y las necesidades de vivienda pública aumentarían a más de 20.000.
Ante esta situación, el Síndic recomienda incrementar el parque público de vivienda en alquiler, así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda «asequible, digna y adecuada». «El gasto público seguramente será la clave de la salida de esta situación», remarcó ayer el adjunto primero al Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien detalló que en materia de vivienda la inversión ha sido «muy escasa» y deja «deberes por hacer».
