El Bloc tiene previsto registrar hoy el suplicatorio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) para acceder a parte del contenido del procedimiento de la investigación abierta a esta formación y al PSPVde la campaña electoral de 2007.
La formación valencianista, que ha trabajado el documento en las últimas horas con un asesor jurídico, es consciente de que las posibilidades de éxito son pocas. Casi nulas, a la vista de la posición que, de entrada y sin conocer la solicitud, plantean juristas consultados, que destacan el carácter nada habitual del planteamiento.
Incluso fuentes del TSJ se muestran muy escépticas sobre una petición que choca con los criterios normales de los procedimientos judiciales. Los juzgados no pueden facilitar documentación alguna salvo a las partes personadas, explican, y el principio de jerarquía no funciona entre la presidencia del TSJ y las distintas salas. Cuestión de independencia judicial.
El Bloc anunció tras la reunión de su ejecutiva el pasado martes que solicitaría aquella documentación que no afecte a otras investigaciones. Alega una situación de indefensión: mientras recibe la presión política y social para depurar responsabilidades, desconoce la documentación publicada en medios de comunicación sobre presuntos pagos de actos de campaña por parte de empresas a través de la agencia Crespo Gomar, a la que contrató para la comunicación de la citada convocatoria electoral.
No obstante, no es una circunstancia especial, replican fuentes judiciales. Es lo que suele ocurrir en las investigaciones por corrupción.
El Bloc pone énfasis en acceder al material que cuestionaría la limpieza del partido en el pasado a pesar de que está convencido de que el asunto está cerrado judicialmente en lo que respecta a la formación. La dirección sostiene esta tesis porque el delito electoral estaría prescrito (al menos en su caso; el del PSPV plantea alguna duda jurídica) y, al no contar con el mando de instituciones después de los comicios, ve imposible atribuir delitos de malversación o prevaricación.
Con todo, fuentes del partido insisten en no quedarse en la prescripción y en depurar responsabilidades políticas si se comprueba que hubo financiación irregular.
