La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas admite que, ante el «colapso» heredado por el anterior gobierno en expedientes de la ayuda a la dependencia sin resolver y la falta de personal, «hay que priorizar». Por ello, los esfuerzos se centran ahora en valorar a los usuarios y resolver expedientes de quienes están esperando la ayuda como agua de mayo. Ahora bien, hay quien fallece mientras la espera. Con el anterior gobierno y con el actual. Y no son pocos. De hecho, las cifras sitúan en más de 4.600 las personas que han fallecido en los dos últimos años en la Comunitat Valenciana esperando una ayuda que no llega.

Algunas familias reclaman esa prestación a la Administración, aunque su familiar haya fallecido e, incluso, si no obtienen respuesta y la Administración incumple los plazos, acuden a los tribunales. Ahí empieza otra batalla ya que, tal como publicó ayer Levante-EMV, la línea de la conselleria de Igualdad y la que lleva a cabo la Abogacía del Consell son diametralmente opuestas. Ahora bien independientemente de la estrategia de la abogacía, la decisión de ir o no a juicio es política.

Desde la Conselleria de Igualdad han puesto en marcha un departamento que se dedica exclusivamente a la gestión de la responsabilidad patrimonial, es decir, por mala praxis. El gobierno del PP tenía una única persona en toda la Conselleria dedicada a esta tarea; ahora existe un departamento exclusivo para este fin que cuenta con cinco personas.

Sin embargo, fuentes de la conselleria afirman que en los presupuestos de 2018 «hay una partida de cerca de 130.000 para la creación de otros siete puestos funcionariales (un refuerzo estructural de cuatro técnicos jurídicos y tres auxiliares de gestión» y que «conjuntamente se está trabajando en un refuerzo temporal que supondrá la incorporación de otras seis auxiliares administrativos durante un periodo de seis meses». Todo ello con el objetivo de desbloquear la gestión de la reponsabilidad patrimonial.

Además, las mismas fuentes aseguran que «desde el punto de vista de la gestión, hay que tener en cuenta que este tipo de expediente requiere de una tramitación administrativa adicional, ya que implica la aportación de nuevos documentos como la declaración de herederos o su cuenta corriente y, si superan los 15.000 euros, solicitud de dictamen del Consell Jurídic Consultiu, lo que alarga su resolución».

Desde la asesoría jurídica de las plataformas de la dependencia en Valencia, la letrada Sandra Casas, asegura que «sabemos que el actual Consell hace esfuerzos inauditos ya que Rajoy solo destina 50 millones a los dependientes, frente a los más de 600 que invierte el Consell, pero la gestión debe mejorar».