El secretario general de Podem, Antonio Estañ, destacó ayer que la propuesta de su formación permitirá avanzar en un modelo de Estado «más justo y eficaz que rectifique situaciones de infrafinanciación como la sufrida por la Comunitat Valenciana». La propuesta de Podemos contempla solucionar «este lastre para las y los valencianos al tiempo que compensar la deuda histórica». Estañ se reunió ayer en Madrid con el líder del partido morado, Pablo Iglesias, Pablo Echenique y el secretario de Economía de la formación, Nacho Álvarez, junto al resto de Secretarios Generales de las distintas Comunidades Autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

La propuesta de Podemos tiene como base generar un suelo de ingresos suficiente que garantice los Servicios Públicos y las inversiones necesarias en todas las Comunidades. Para ello es necesario perseguir el fraude fiscal y realizar una reforma fiscal progresiva que cierre la brecha de ingresos entre España y el resto de países de la eurozona, actualmente situada en 8 puntos sobre el PIB. A este respecto, Estañ declaró que «no se trata de hacer una reforma para que Montoro reparta migajas enfrentando territorios sino de garantizar para todas y todos el sostenimiento de la educación, la sanidad o los servicios sociales», según un comunicado de Podemos.

Para Podemos el nuevo Sistema de Financiación Autonómica debe mejorar la capacidad recaudatoria de las Comunidades Autónomas puesto que a lo largo de los años «se han ido transfiriendo competencias sobre los gastos sin que se mejore de modo equivalente su autonomía en cuanto los ingresos».

Además Podemos plantea fortalecer los mecanismos de coordinación entre Comunidades y considera prioritario reforzar la lealtad institucional entre administraciones.

En palabras del líder autonómico Antonio Estañ «es absolutamente irresponsable y vergonzoso que partidos como el PP y Ciudadanos promuevan el ´dumping´ fiscal entre territorios generando desigualdades y más beneficios para los que más tienen. No solo es inequitativo sino que pone en peligro la sostenibilidad de nuestros Servicios Públicos como las educación o la sanidad».