La Comunitat Valenciana acumula a estas alturas de siglo XXI más de 46.000 millones de deuda. Es la segunda en cifras absolutas después de Cataluña y la primera en proporción por habitante. La cifra, extraída de los balances del Banco de España, destaca si se pone atención en su evolución: en 1995, año de la victoria de Eduardo Zaplana (PP) en las elecciones autonómicas, la deuda era de 2.750 millones. Significa que se ha multiplicado por 17 en 22 años y que la media en este periodo ha sido cerrar cada ejercicio con una deuda de casi 2.000 millones, similar a la que se había acumulado hasta 1995.
Con esa perspectiva, 2017 no ha sido mal año, el incremento del agujero ha sido de 1.524 millones. Es una cantidad pareja a los 1.300 millones (llamados ficticios o reivindicativos) que el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra incluye desde 2016 en los presupuestos para hacer ver la infrafinanciación valenciana: lo que el ejecutivo central debería aportar de más a la C. Valenciana para cubrir los servicios públicos fundamentales.
En términos relativos, el crecimiento de la deuda en el último año ha sido del 3,41 %, el menor de la serie desde 1996, el año posterior la llegada de Zaplana al Palau.
Claro que si se observa la evolución en cifras absolutas, destaca cómo la deuda se dispara especialmente a partir de 2004, el primer ejercicio tras la victoria de Francisco Camps en las elecciones generales. Es el primer año en que se superan los mil millones de endeudamiento en un solo año (1.404 millones, lo que supuso un crecimiento del 17,5%).
Con todo, la buena marcha entonces de la economía por la pujanza de la burbuja del ladrillo proporcionaba unos ingresos que enmascaraban el déficit de financiación de la C. Valenciana. Esa realidad se destaparía a partir de 2008, cuando la crisis financiera estalla. El incremento de la deuda ese año fue de 1.790 millones. Y a partir de ahí, para arriba sin descanso: 2.417 millones en 2009, 4.006 en 2010 y 1.741 el ejercicio siguiente.
En 2012, ya con Alberto Fabra al frente de la Generalitat y con Mariano Rajoy recién estrenado en la Moncloa, el problema de la deuda pasa a ser superlativo. A la reducción de los ingresos propios por la caída de la economía se unen los recortes desde Madrid para acercarse a los objetivos de déficit exigidos desde Bruselas. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un préstamo a interés muy bajo a través del Estado, empieza a operar para salvar de la asfixia a los servicios públicos valencianos. Es el año de los equilibrismos incluso para pagar las nóminas de los funcionarios. La deuda se disparó ese año 8.205 millones, un 37,5 por ciento. De esta manera, del lastre de 46.187 millones, el 5,4 % es imputable a los gobiernos de Joan Lerma, un 81,3 % (37.553 millones) correspondería a los veinte años del PP y el 13,3 % restante ( 6.124) al actual Consell del Botànic. Claro que la Conselleria de Hacienda asegura que 2.589 de esos millones son por operaciones originadas en el periodo anterior, con lo que el porcentaje bajaría al 7,6 %.
