El informe pericial sobre la compraventa del inmueble de Gandia objeto de la investigación judicial ha levantado un revuelo político. La Conselleria de Justicia remarcó ayer que autorizó en abril de 2017 el presupuesto previsto para una pericial en el marco de las diligencias previas del juzgado de Instrucción 21 de València y que, después de esa resolución, «no ha tenido ninguna otra intervención en ese asunto, habiendo permanecido ajena a cualquier circunstancia», como ayer publicó Levante-EMV. Este diario ha podido saber asimismo que no consta que el juzgado de Gandia sobre el que ha recaído esta parte de la investigación haya solicitado otro permiso, si bien no sería necesario si recurre a una de las firmas tasadoras reconocidas en la C. Valenciana.
Sin embargo, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, anunció ayer una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Síndic de Greuges por presunta «injerencia» del Consell al tiempo que pidió a Cs que rompa el acuerdo con el PSPV en Gandia.
Manolo Mata (PSPV) respondió que «es una investigación impoluta» y que no ha habido presión alguna por parte del Consell, ni a la policía ni a los jueces.
